Con la ausencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la oposición en Baja California acusó al gobernador Jaime Bonilla Valdez de pretender instaurar un “maximato” en la entidad, con la promoción de la llamada “segunda ley Bonilla” que recortaría el próximo periodo de gobierno de seis a tres años.
Los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Baja California (PBC) y el aliado de Morena, Partido Encuentro Social (PES), se aliaron para rechazar la citada iniciativa y adelantaron que si es avalada por la Legislatura local interpondrán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Jaime Martínez Veloz, representante nacional del PRD en la entidad, y Abraham Correa, dirigente estatal de dicho partido, explicaron que en la resolución del pasado 11 de mayo la SCJN estableció que el siguiente periodo de gobierno será de noviembre de 2021 a agosto de 2027 (seis años) y que el actual pasará de cinco a dos años únicamente: de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
Con la nueva reforma que plantea la gente del gobierno se viola un acuerdo, comentaron los perredistas.
A su vez, Enrique Méndez, dirigente estatal del PAN, destacó que aún no se da cumplimiento en su totalidad a dicha resolución de la Corte y ahora pretenden violentarla. Por ejemplo, dijo, la actual Legislatura debe modificar las constancias y el Bando de gobierno expedido para Jaime Bonilla, para establecer que su periodo es de dos años y no de cinco, como lo aprobó la pasada Legislatura.
Según Martínez Veloz, los nuevos cambios que se proponen sólo reflejan “la pretensión de establecer un maximato” por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Este fin de semana circuló en redes sociales una iniciativa de reforma firmada por el gobernador y el secretario general, Amador Rodríguez Lozano, para reducir de seis a tres años la siguiente gubernatura.
Como se recordará, el pasado 11 de mayo la SCJN echó abajo el cambio que aprobó la XXII Legislatura para que la administración de Jaime Bonilla fuera de cinco y no de dos años, como lo estableció la reforma constitucional federal en 2014.
Una vez que Bonilla ganó la elección, en junio de 2019, los diputados que estaban por concluir su mandato –incluidos los del PAN– ampliaron la administración gubernamental de dos a cinco años. La oposición interpuso recursos que llegaron hasta la Corte, dándoles la razón, por lo que la administración actual concluirá en 2021, es decir, la regresaron a dos años y la siguiente elección sería para una gubernatura de seis años: de 2021 a 2027.
A los 14 días de la resolución de la Suprema Corte, el gobierno de Bonilla propuso una nueva modificación, y el secretario general rechazó ser el autor.
Esta mañana, la diputada de Morena Montserrat Caballero envió una iniciativa en el mismo sentido: reducir la siguiente gubernatura a tan sólo tres años, para que la posterior sí sea de seis años.
Los dirigentes partidistas consideraron que lo que busca Bonilla es “poner” a un candidato incondicional por los siguientes tres años, así como en la gubernatura de seis años, “o postularse nuevamente para estar seis años o imponer a otro candidato que pueda manipular”.
Alcibíades García, líder estatal de MC, aseguró que Bonilla y el Congreso local están en desacato de la resolución de la Corte, ya que no han cumplido a cabalidad la sentencia.
En su oportunidad, Alfredo Ferreiro, del PES, acusó a Bonilla de violar nuevamente la Constitución, y le reclamó por enfrentar a la sociedad y generar “inestabilidad política”.
Con la resolución de la Corte, abundó, lo que se hace es mantener los tiempos de la reforma electoral federal de 2014, es decir, ya se empataron los tiempos de elecciones federales y locales.
Mario Favela, dirigente del PBC, calificó de indignante que la actual administración esté pensando más en el poder y cómo mantenerse en él, que en resolver los problemas de salud y la pandemia que azota a la entidad y al mundo.
Los diputados locales Rodrigo Otáñez, de PBC, la panista Eva María Vázquez y Elí Topete, de MC, participaron en la denuncia de los dirigentes estatales, y serán ellos quienes den la batalla en el Congreso local ante la llamada “segunda ley bonilla”.
