Ante la emergencia por coronavirus, algunas personas han optado, a cambio de una gratificación monetaria, por dedicarse a expedir certificados de defunción, un formato gratuito emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) en el que médicos con cédula profesional vigente registran la causa de un deceso. Los “gestores” o “coyotes” ofrecen el documento colocando en él que muertes con síntomas de COVID-19 son por asma o neumonía atípica.

Como parte de un ejercicio periodístico, Animal Político recopiló información sobre las prácticas de dichos “gestores”, quienes se encuentran al interior de un juzgado habilitado extraordinariamente por el Registro Civil en la sede de la Agencia de Protección Sanitaria de la Sedesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Al plantearle al “coyote”, hipotéticamente, que un pariente de 40 años con un mal respiratorio crónico (asma) ha fallecido con síntomas de COVID-19, pero sin que se le hubiera hecho la prueba para confirmar, o descartar, la enfermedad, este respondió ofreciendo sus paquetes de servicio y garantizando, con la ayuda de un médico, clasificar la muerte como un caso de neumonía atípica, contrario a la indicación oficial de que a los pacientes como este sean inscritos como “probable COVID-19”.

Los gestores llegan a cobrar hasta 15,000 por sus “servicios”, señala el reportaje 

De la misma forma, el proveedor de servicios afirmó que después de expedirse el certificado, obtendrá el acta de defunción en un día, cuando generalmente este demora de cuatro a siete días hábiles. En el reportaje se lee:

“Mira”, prosigue el gestor. “Nosotros podemos hacer un paquete con el certificado de defunción y el servicio de cremación directa, o en su caso inhumación. Nosotros vamos por el cuerpo, lo certificamos y cobramos 15 mil pesos, pero ya nosotros liberamos todo. Incluye el ataúd si es inhumación; si es cremación, nada más es la bolsa séptica y la urna. Liberamos los trámites, el certificado, el crematorio, el acta de defunción y los permisos para cremarlo o inhumar”

Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), declaró que dichas prácticas pueden afectar el contenido de las cifras oficiales 

Así pues, el paquete incluye recoger el cuerpo en una carroza fúnebre y resguardarlo en una embalsamadora y funeraria de la colonia Obrera hasta que el familiar indique qué se quiere hacer con el cuerpo. Según el reportaje, un colaborador del gestor afirmó que la ventaja de estos servicios es que las familias pueden estar seguras de que las cenizas corresponden a su ser querido:

“Te puede ayudar en cuestión de que la Secretaría de Salubridad (Sedesa) lo que está haciendo es que maneja la cremación del cuerpo y te lo entrega en urna; la diferencia con esto es que al igual tú tengas la certeza de que el cuerpo de tu familiar es cremado, porque no se puede velar ni hacer alguna manipulación del cuerpo, para evitar contagios”, comentó al periodista a cargo de la investigación.

Otro aspecto que el trabajo revela es que ésta práctica afecta las estadísticas oficiales sobre las defunciones causadas por la enfermedad de coronavirus. Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias (ANDF), declaró al medio:

<b>La primera gravedad tiene que ver con que, si no es puesta la causa real de la muerte, nosotros, como funerarios, no podríamos tomar las precauciones que debemos</b> […] Y obviamente esto se ve reflejado en las cifras oficiales, porque, si desde un inicio no se toma esta precaución y hay gente que está en estos lugares haciendo este tipo de cosas, <b>pues esta información no va a llegar a las cifras oficiales</b>

La Sedesa rechazó la existencia de colisión entre funcionarios y los gestores para facilitar la emisión de formatos de certificados de defunción

Asimismo, García expuso que el hecho de que un gestor funerario, sin ser médico, tenga en su poder certificados de defunción expedidos por la Sedesa es una ilegalidad.

Animal Político también solicitó información a Secretaría de Salud de la Ciudad de México, dependencia que confirmó tener conocimiento de la presencia de “coyotes” funerarios afuera de los juzgados donde se tramitan actas de defunción. Además, rechazó la existencia de colisión entre funcionarios y los “gestores” para facilitar la emisión de formatos de certificados de defunción.

“Claro que está identificado (el problema). Para obtener el certificado de defunción, lo debe hacer un médico con cédula. Si se fallece en hospital, ahí lo hace el médico tratante, pero, si es en domicilio, lo debe hacer el médico tratante también, o familiar, que no en todos los casos hay, y por eso recurren a esos ‘gestores’. Pero, si se llama al 911, Consejería Jurídica envía un médico que da el servicio sin costo”, indicó la dependencia en una respuesta enviada a dicho medio.