La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional este lunes la llamada “Ley Bonilla” con la cual se había ampliado el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.
El Pleno del máximo Tribunal de México votó de manera unánime en favor del proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, quien propuso la invalidación a la modificación a la Constitución de Baja California, en el noroeste del país y fronteriza con Estados Unidos, contradice a la Constitución Federal que rige a toda la república, ya que la ampliación del periodo en el cargo se realizó de manera posterior a los comicios.
Los magistrados calificaron la “Ley Bonilla” como un “fraude a la Constitución” y un “atentado contra los principios democráticos”. “Es una maquinación donde se pretendió violar la voluntad popular”, señaló en su intervención Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN.
Las reacciones
Uno de los primeros en festejar la decisión de la Corte fue el Instituto Nacional Electoral (INE). Uno de sus consejeros, Ciro Murayama, expresó que “se restaura el estado de derecho”. “En 2021 habrá 15 elecciones de gubernaturas, Baja California incluida. El INE está listo para organizar esos comicios”, aseguró.
Por su parte, Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que “La Ley Bonilla pasará a la historia como un intento fallido de fraude a la Constitución”. “Celebro que la SCJN, con su resolución, restaure el orden jurídico, definiendo con claridad que la soberanía estatal jamás puede ser ejercida violentando la democracia y los derechos humanos”, añadió.
¿Cómo llegó la Ley Bonilla a la Suprema Corte?
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La Suprema Corte discutió el polémico caso este lunes de manera remota (Foto: Cuartoscuro)
Fueron los partidos de la oposición, incluidos el PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y MC (Movimiento Ciudadano) quienes promovieron ante la Corte estas acciones.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el INE también promovieron sus propias acciones de inconstitucionalidad demandando la invalidez del artículo octavo transitorio de la Constitución de Baja California.
Este apartado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad en octubre de 2019, cuatro meses después del triunfo electoral de Bonilla y apenas unos días antes de su toma de protesta, que encabezó las boletas por parte de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El periodo de Bonilla durará dos años y no los cinco que buscaba gobernar
El artículo en cuestión oficializó un decreto aprobado en septiembre de 2014 en el cual se modificó el mandato del próximo gobernador para que, en lugar de gobernar entre 2019 y 2021, se extendiera el plazo para que gobernara de 2019 a 2024 y empatar las elecciones del gobernador con las del presidente de México.
Sin embargo, el cambio se aprobó en el Congreso local de Baja California en julio de 2019, un mes después de las elecciones, por lo que Bonilla pretendía gobernar por un periodo de cinco años cuando fue elegido, de acuerdo con la ley vigente el día de las elecciones, para un periodo de dos años.
La movida fue ampliamente criticada por la oposición y por organizaciones de la sociedad civil, así como el sector privado, que señalaron una falta grave intentar ampliar el mandato de un funcionario electo por un tiempo determinado. La decisión de la Suprema Corte reafirmó lo dicho por el INE y por el Tribunal Electoral: el gobierno de Bonilla durará dos años, hasta 2021.
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La ampliación de mandato, conseguida tras las elecciones, provocó duras críticas desde la oposición
Incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien en su momento acudió a la toma de protesta de Bonilla, aseguró que la “Ley Bonilla” estaba en “entredicho Constitucional”, a pesar de que días antes se le había escuchado decir en un video filtrado que la ampliación del mandato del gobernador morenista era “legal”.
Ahora, el INE deberá convocar y organizar las elecciones locales para gobernador en Baja California en 2021, ya que con la decisión de la Corte, Bonilla finalizará su gobierno en octubre de dicho año. Sin embargo, el equipo legal de Bonilla había asegurado que si la SCJN tomaba la decisión de invalidar la “Ley Bonilla”, se tendrían que llamar a elecciones inmediatamente.
El argumento usado fue que, al tomar protesta por cinco años, la decisión de la Corte invalidaría su mandato, por lo que el gobierno de Baja California quedaría acéfalo y se necesitarían unos comicios especiales para determinar a un nuevo mandatario local.
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El Tribunal Electoral ya había considerado inconstitucional la “Ley Bonilla” en diciembre de 2019 de manera unánimeY es que, octubre del año pasado, el ministro González Salas rechazó frenar la toma de protesta de Bonilla como mandatario de Baja California. Sin embargo, puntualizó que el hecho de que asumiera sus funciones no significaba que quedarían sin materia las acciones de inconstitucionalidad impuestas en su contra y es por ello que este proceso continuó hasta llegar al Pleno de la Corte este lunes.
En diciembre de 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había considerado inconstitucional la “Ley Bonilla” de manera unánime, de acuerdo a la opinión constitucional que la máxima autoridad electoral emitió a solicitud de la Suprema Corte.
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