Ciudad Obregón.- El juicio político que pretende promover el Ayuntamiento de Cajeme en contra de Rosendo Arrayales Terán, por pintar parte de la franja roja de la calle Quintana Roo, es totalmente improcedente, aseguró Víctor Manuel Lizárraga Angulo.
Y es que ningún artículo de los que hace referencia el expediente que elaboró la Contraloría Municipal aplica para efectos de un juicio político, dijo el asesor jurídico de los vecinos.
Además, la Contraloría no es la instancia para promover el juicio político y no es un tema de interés superior sino público, agregó.
La acción que realizó el regidor Arrayales Terán, la diputada Ernestina Castro Valenzuela, y algunos vecinos de la calle Quintana Roo, viene infundada porque nace de un acto ilícito del secretario de Desarrollo Urbano o el propio alcalde, quienes ordenaron pintar la franja sin la aprobación de Cabildo, explicó.
Al no pasar el proyecto de pares viales por Cabildo, se vulneró el derecho de audiencia de los regidores, y al pintar la franja de blanco nuevamente, se generó una legalidad sobre una ilegalidad, indicó.
El expediente tampoco explica qué es lo que se quiere acreditar, si fue toda la franja o parcialmente, indicó.
El abogado reiteró su apoyo total a los vecinos de la calle Quintana Roo y si el actual secretario de Desarrollo Urbano quiere jugar a las vencidas, es seguro que el tema se alargue hasta la próxima administración, en la que se negociará con otro secretario.
ES UNA REPRESALIA: ARRAYALES
Contraloría asegura que no hay tal investigación, solo está pendiente de los asuntos que se ventilan, pero no aborda casos que no le competen
El regidor Rosendo Arrayales Terán consideró que la solicitud de juicio político en su contra, solicitado por Contraloría Municipal al Congreso del Estado en su reporte trimestral de actividades bajo el argumento de abuso de autoridad, va en represalia por su trabajo como oposición en el Cabildo de Cajeme.
“Esta situación la interpreto como una represalia. Acepto que Contraloría abra una investigación en mi contra y qué bueno que lo hace porque debe actuar de forma imparcial, debe sancionar a cualquier funcionario, incluso al presidente”, manifestó el edil del Partido del Trabajo.
Pese a lo anterior, consideró que en su caso hay una situación especial, pues tiene antecedentes de haber solicitado que se abrieran investigaciones por la contratación de jueces calificadores sin respetar la Ley de Seguridad Pública para el Estado, en este caso hacia el secretario del Ayuntamiento en turno, Ascensión López Durán.
“También solicité otra investigación en contra del mismo contralor municipal, José Leovigildo Guerra Beltrán, por no haber actuado por los hechos del 4 de julio, donde resultó muerto el señor Efraín. Sin embargo, sobre estos casos no hubo sanciones”, cuestionó.
Citó que el caso del juicio político va incluido en el informe trimestral que mandó a la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Cabildo la Contraloría. “En ese informe que hace ver todo el trabajo que Contraloría hizo en estos últimos 3 meses que se va al Gobierno del Estado, ahí va la solicitud sobre abrirme dicho juicio por abuso de autoridad”.
Por su parte, el titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, José Leovigildo Guerra Beltrán, expuso que Contraloría siempre está pendiente de los asuntos que se ventilan, pero en ningún momento aborda casos que no le corresponden.
“Esta denuncia fue precisamente ventilada en los medios y en el ámbito de Palacio, nosotros por el sentido de responsabilidad y sin filias y sin fobias, estamos pendientes de los asuntos. Pero no lo tomamos de una manera formal, lo estamos evaluando y estamos viendo que no forma parte de nuestra facultad, como lo digo en el informe, no estamos abordando asuntos que no nos competen, tenemos que estar atentos a ellos y le informamos a la Comisión (Anticorrupción), pero que no den como un hecho que estamos juzgando, o analizando o procesando a personas”, aclaró.
Diario del Yaqui
