CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El gobierno federal adjudicó el primer contrato de construcción del Tren Maya al consorcio encabezado por la empresa paraestatal china China Communications Construction Company Ltd y la portuguesa Mota-Engil –una de las empresas más favorecidas en contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto–, por un monto total de 15 mil 538 millones de pesos.

Según el acta del fallo, presentado hoy por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la propuesta de las empresas china y portuguesa fue la más económica de las cotizaciones técnicamente solventes presentadas, entre ellas las cotizaciones de los consorcios encabezados por empresas de los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, David Peñaloza Alanis, o de la constructora ICA.

Durante el sexenio de Peña Nieto, Mota-Engil, la constructora portuguesa presidida por Carlos Filipe Dos Santos Martin, operó en México de la mano con el empresario José Miguel Bejos, personaje muy cercano al expresidente, al que incluso le rentó una casa durante el periodo de transición.

La administración priista otorgó contratos públicos por más de 19 mil millones de pesos a Mota-Engil, entre ellas concesiones carreteras.

En esta administración, Mota-Engil pactó una alianza con Fonatur para un megaproyecto turístico en la Riviera Nayarit: en febrero de 2019, el grupo anunció que invertiría en Costa Canuva, en sociedad con el Fonatur, para construir dos hoteles grandes –un Fairmont de 250 habitaciones y un Ritz Carlton Reserve de 110 habitaciones–, así como dos hoteles de ultralujo, 30 lotes de condominios y 80 lotes unifamiliares.

Regreso de China

La adjudicación anunciada hoy marca también el regreso del gobierno de China en el sector ferrocarrilero mexicano, cinco años después de la vergonzosa cancelación del Tren México-Querétaro.

Esta cancelación fue decidida por el gobierno de Enrique Peña Nieto días antes que el equipo de investigación de Carmen Aristegui revelara el escándalo de la Casa Blanca, cuyo protagonista, Juan Armando Hinojosa Cantú, figuraba en el consorcio encabezado por la China Railways Construction Corporation que había ganado el contrato multimillonario del tren.

El Fonatur indicó que el próximo 30 de abril se firmará el contrato del Tren Maya, que ampara la construcción del primer tramo del megaproyecto –el cual supuestamente unirá las estaciones de Palenque, en Chiapas, a Escárcega, en Campeche–; y la dependencia otorgará al consocio un anticipo de 939 millones 904 mil pesos.

Aparte de las empresas china y portuguesa, dos empresas constructoras mexicanas participan en el consorcio: Eyasa, S. de R.L. de C.V., que pertenece al empresario veracruzano Julio Enrique García Martínez –presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ahí–, así como la empresa Gavil Ingeniería, S.A. de C.V., y Grupo Cosh, S.A. de C.V., cuyos socios son los hermanos Miguel Ángel y Jorge Alfredo Sierra Von Roerich y Silvia Patricia Sequelis Taboada.

Arranque en mayo

El Tren Maya forma parte de los proyectos de mayor importancia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exentó el megaproyecto de la aplicación de las suspensiones de actividades decretada en la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19; las primeras obras deberían empezar a principios de mayo, cuando se espera el punto más alto de infecciones por el coronavirus.

Apenas el martes pasado, 194 de las principales organizaciones del país urgieron el mandatario a suspender el Tren Maya durante la pandemia, ya sea porque expondría los trabajadores al coronavirus, pero también porque los sistemas de justicia y de transparencia no operan con normalidad, lo que hace imposible a las comunidades opositoras al megaproyecto defender sus derechos y a obtener información.

En un principio, el megaproyecto del Tren Maya se iba a financiar por la iniciativa privada, pero finalmente el gobierno federal aportará el 100% de los cerca de 150 mil millones de pesos que se proyectan para el costo del proyecto. La explicación oficial es que López Obrador no quería generar deudas a largo plazo.