El millonario negocio de las “prepas patito”, que ofrecen certificados a muy corto plazo, está a la alza. Y la bonanza tiende a incrementarse en cada ciclo escolar por falta de una regulación adecuada, así como una ayuda indirecta por parte del propio gobierno estatal que, a través del ISEA, comparte el plan de estudios a este tipo de escuelas que obtienen jugosas ganancias por un simple rol de intermediarios con alumnos que tienen necesidad de trabajar para terminar su educación media superior.
El problema tiene un cierto grado de complejidad, pero también de abulia oficial. Las escuelas “patito” tienen bastante tiempo operando y nadie las ha metido en cintura. Ni la SEP ni la SEC.
Como sabemos, la educación media superior es el cuello de botella del gobierno. Allí todo se atora, principalmente porque el o la joven estudiante tiene que elegir entre trabajar o seguir estudiando.
Y aquí es donde entran en acción las “prepas patito”, esas escuelas que cobran a cada alumno o alumna casi 300 pesos semanales por servir de enlace para facilitar la guía de estudios que utiliza el Instituto Sonorense para la Educación de los Adultos (ISEA), en la mayoría de los casos sin ofrecer asesores capacitados en cada materia.
Sabemos de una escuela particular de este tipo que cuenta con más de 400 alumnos. Multiplique esa cantidad por 250 ó 280 pesos semanales y conocerá la magnitud del negocio.
Del Rvoe (reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), que se otorga a escuelas particulares para ofrecer planes y programas de estudio, ni hablar, brilla por su ausencia, al menos en la publicidad de este tipo de negocios.
¿A poco es difícil para el gobierno regular este tipo de negocios millonarios?
Escuelas, hay muchas. Y por ende demasiada tela de dónde cortar.
Simplemente por la corta calle Serdán, en Hermosillo, operan unas cinco prepas de este tipo. Y a su alrededor hay más.
Mientras haya demanda habrá oferta. Es la clásica ley de mercado.
Pero estamos hablando de un millonario negocio que muchas veces estafan al estudiantado que aspira a cursar una carrera universitaria.
Y todo por falta de control oficial.
En torno a este asunto urge la postura del ISEA y su director general, Juan Angel Castillo Tarazón.