¿Hacer leña de árbol caído? ¿Jalar reflectores? ¿Acreditar su labor en el combate a la corrupción? Son preguntas que surgen alrededor del juicio político que enfrenta Rosario Robles en la Cámara de Diputados.
¿Por qué me las hago? Rosario está en la cárcel desde agosto del año pasado. Dejó de ser secretaria de Estado el 30 de noviembre del 2018. El único objetivo que puede perseguir un juicio político es la separación del cargo del servidor público y su inhabilitación. Está en la ley.
Por obvias razones, Rosario ya no puede ser separada de su cargo. Lo dejó hace 15 meses. Pero, además, la Función Pública la inhabilitó diez años por una cuenta –de entre dos o tres mil pesos—que no declaró.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por cierto, otorgó una suspensión que evita que Robles aparezca en el registro de funcionarios inhabilitados hasta que se resuelva su caso en los tribunales.
Lo que ocurre en San Lázaro con la Sección Instructora que encabeza Pablo Gómez no es más que “una obra de teatro”, como dijo ayer el abogado de la extitular de Sedesol y Sedatu, Javier Sánchez Rojas.
El abogado adelantó que van a recurrir a tribunales internacionales para defender los derechos humanos de la detenida en Santa Martha Acatitla, quien está encerrada no por la famosa Estafa Maestra, sino por ejercicio indebido de la Función Pública.
Que quede claro. No prejuzgamos sobre la inocencia o culpabilidad de Robles en la citada Estafa Maestra. Eso lo determinarán los jueces.
Lo que pretendemos es hacer visible la utilización de un recurso del Congreso para ocupar espacios en los medios de comunicación con un juicio que no va a ninguna parte.
*¿Qué pasó con las reformas a la Procuración de Justicia que se iban a presentar, primero, a mediados de enero, y luego, el primero de febrero? ¿Por qué ya nadie habla de ellas? ¿Están muertas?
El senador de Morena Germán Martínez, exdirigente nacional del PAN, nos da un “tip” que ayuda a entender por qué fueron retiradas y dejaron de estar en el ánimo del Presidente de la República:
“Estoy absolutamente en contra de regresar a la época de la no garantía. A la época permisiva con la policía, al calabozo, al tehuacanazao. Esa negra noche en la que se violaban derechos humanos para perseguir delincuentes.El país no debe regresar allá y esas reformas sí tenían un tufo autoritario, hay que decirlo, los borradores que se retiraron. Y qué bueno que se retiraron, si es que eso iba a ser una iniciativa. La delincuencia se debe combatir con la Ley en la mano y no con una indiscriminada violencia. Eso es venganza”.
*¿Qué sigue para los que no estamos dispuestos a callar o arrodillarnos?, pregunta la periodista Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre.
Y es que en un tuit que puso ayer, narra que a las 5:45 hora local, una persona tomó fotografías de su casa y la calle donde vive, desde distintos ángulos, con la intención de ubicarla.
No sabemos con certeza qué buscaba ese fotógrafo o quién lo mandó. Especular no ayuda. Lo único cierto es que desde la mañanera se alimenta un clima hostil hacia los críticos al régimen –Beatriz lo es– que el Presidente califica como “la mafia de la prensa”.
*Jorge Alcocer Villanueva es coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es, además, un hombre de probada capacidad, que tiene sus orígenes en la izquierda mexicana.
Fue dirigente del Partido Comunista en sus inicios, subsecretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, asesor del candidato presidencial Francisco Labastida. También ocupó la coordinación de relaciones políticas en el equipo de transición del presidente electo Felipe Calderón.
Jorge participó en la elaboración de las reformas electorales realizadas de 1986 a 2008. Me da gusto saber que se registró como aspirante al Consejo General del INE, pero a la vez me pregunto: ¿Está incómodo en la 4T?
El registro de aspirantes a consejeros del INE se cerró anoche. En total hay 390 aspirantes. 135 son mujeres y 255 hombres. No se reportó ningún incidente.
