La detención de Emilio Lozoya en Málaga, España, es quizás uno de las pruebas más significativas de que la lucha contra la corrupción del sexenio pasado va en serio. Pero de ninguna manera se trata del último eslabón de ese proceso, una certeza que Peña Nieto ya comprendió a la perfección.
Lozoya en prisión es una bomba de tiempo. Lo sabe la vieja cúpula del PRI, que transita horas de pánico. Las eventuales declaraciones como “arrepentido” del ex director de Pemex podrían salpicar a varios integrantes del Gabinete. Hay zozobra.
Pero mientras ese escenario temido se instala en la vieja tecnocracia, el gobierno de López Obrador avanza con otros íconos -al menos desde lo mediático- de la corrupción peñanietista. Es el caso de Gerardo Ruiz Esparza, el ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Según pudo confirmar LPO, en los últimos días llovieron oficios en los bancos, en específico para sus respectivas áreas de investigación por fraude y lavado de dinero. En esos documentos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige una auditoría extrema sobre cualquier cuenta -y sus respectivos movimientos- vinculada al ex funcionario, sus familiares o a sociedades que puedan tenerlos como accionistas.
Ruiz Esparza manejó una intensa caja de recursos con las constructoras, empresas a las que AMLO ya les avisó que no será su “puerquito”. Hombre de confianza de EPN, fue uno de los primeros en caer bajo la lupa de Santiago Nieto, actual titular de UIF.
El momento más álgido para el ex titular de la SCT fue el socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca. Pero los señalamientos por las contrataciones de OHL son un punto de contacto con Lozoya.
Esparza no es el único blanco cercano en la mira. Otro personaje del que cada vez se tienen más datos es Alejandra Lagunes, la ex responsable de la comunicación digital del gobierno de Peña Nieto. De hecho, ya habrían pruebas de algunos negocios conjuntos con la SCT a través de firmas que estarían vinculadas a Lagunes. Pero eso sería motivo de un reportaje en sí mismo.
Con una cuantiosa bolsa de recursos que cuidaba de forma celosa, Lagunes construyó un verdadero ecosistema de medios que -se presume en Palacio Nacional- eran de su propiedad a través de prestanombres. El caso más paradigmático fue Cinco M Dos, una de las agencias predilectas de la ex funcionario, que incluso compró al Grupo Expansión.
Pero el punto más delicado son las agencias de medios que intermediaban la pauta que se descargaba también en redes sociales. Todo un filtro que, de nuevo, se sospecha servía para desviar recursos. El Gobierno ya investiga en silencio su patrimonio.
La realidad es que Lagunes siempre se promovió como asesora y estratega pero su verdadera habilidad parecían ser los negocios. El año pasado el portal Eje Central reveló el gasto en el que incurrió Lagunes en el sexenio anterior, las empresas amigas que contrató y las irregularidades que está investigando la ASF. Leer el texto sirve para entender la desesperación de Lagunes por conseguir su candidatura pluri y los ansiados fueros.
Ya en plena campaña, cuando el PRI se encaminaba a contratar los servicios de la polémica firma Cambridge Analytica, envuelta en escándalos por manipulación de datos en EU y Gran Bretaña, Lagunes bloqueó esa contratación para seguir manejando el gasto en redes sociales y fundamentalmente en Facebook.
En esa misma ruta quedó en la mira Paloma Franco, una colaboradora del equipo de Lagunes que desde Los Pinos operaba la comunicación en redes sociales, y que ahora sigue en actividad con algunos políticos. “Ella es la responsable de la campaña negra digital en contra de AMLO”, repetían en los últimos días en la 4T.
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