Las cosas van quedando claras entre los gobiernos de México y Estados Unidos con respecto a qué está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad en materia de combate al narcotráfico y erradicación de drogas. Cada mes, desde diciembre y cuando menos hasta que inicie la primavera, el procurador estadounidense, William Barr, estará revisando si los compromisos de los mexicanos realmente se están cumpliendo. Barr estuvo el viernes pasado en la Ciudad de México y regresará en febrero. No se recuerda que haya existido antes un marcaje personal y sistemático sobre las acciones de un presidente mexicano por parte de Estados Unidos, y la amenaza de represalias, si no se ajustan a los intereses de la Casa Blanca, permanecen.
Los datos sobre erradicación de drogas, en especial el fentanilo, que es lo que motivó la nueva embestida del gobierno de Estados Unidos contra México, todavía no muestran cambio, pero presuntamente ya se reiniciaron las acciones para frenar el tráfico a aquella nación. Ya comenzaron a extraditar presuntos criminales buscados por la justicia estadounidense –el lunes pasado se anunció la inusual extradición de un paquete de ocho personas–, y en vísperas de la visita de Barr, en diciembre pasado, el Centro Nacional de Inteligencia reactivó sus equipos de espionaje, incluidos los sistemas de la empresa ‘Rafael’, y el famoso ‘Pegaso’, del Grupo NSO, ambos israelitas.
La reactivación de los sistemas de inteligencia tiene alcances con la combinación de ambos programas que no se habían visto en este país. Mediante la utilización de ambos, se están pudiendo intervenir todas las conversaciones telefónicas de los números objetivo –salvo las llamadas por WhatsApp, que aún no pueden decodificarse–, así como también se pueden leer todos los mensajes de texto o chats a través de la misma plataforma o de otras, por lo cual muchos se están mudando a Telegram. La información disponible permite afirmar que el CNI, que sustituyó al Cisen, no está utilizando la información con fines políticos, sino en contra de la delincuencia organizada, y junto con la Marina, que ha sido reactivada, están proporcionando inteligencia útil contra cárteles de la droga y narcomenudistas, particularmente en la Ciudad de México.
La Marina, el CNI y el Ejército, como pidió Barr en la reunión del 5 de diciembre, están trabajando directamente con la CIA y el FBI, dentro de un proceso de restauración de la cooperación bilateral que se había interrumpido, y que motivó mensajes duros y cáusticos desde Washington. Uno de ellos, por ejemplo, cuando el gobierno mexicano, en la oscuridad absoluta, pidió información inmediatamente después de la captura del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, y un funcionario del Departamento de Estado respondió: “Los que piden información, no quieren cooperación”. El trabajo de inteligencia es fundamental en el combate a la delincuencia organizada, y ha costado enorme trabajo explicar, para matizar los prejuicios del presidente Andrés Manuel López Obrador y varios de sus colaboradores cercanos, que es lo mismo que el espionaje político.
El comunicado del Departamento de Justicia, a diferencia del emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aporta, aunque de manera sutil, más información sobre los acuerdos alcanzados, como “esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, así como esfuerzos para combatir las organizaciones criminales trasnacionales”. El de la Cancillería, farragoso y enredado en su texto, informó que se está analizando la implementación de operativos no intrusivos, con alta tecnología en la frontera, que le ayuda a ventilar como logros de este tipo de reuniones los intentos por reducir el tráfico de armas a México. Barr está considerando seriamente la propuesta, a cambio de que se utilicen recursos de alta tecnología en puertos y aeropuertos mexicanos para frenar el tráfico de fentanilo. Los comunicados, si bien acordados por las delegaciones, no son idénticos. Un dato oculto en México y abierto en Estados Unidos, es que Barr regresará en febrero, la tercera reunión consecutiva que sostendrá.
La intervención de Estados Unidos está modificando la estrategia de seguridad que planteó el presidente López Obrador, lo que va a tener consecuencias si, en efecto, su gobierno cumple con los compromisos que están acordando con Barr. El regreso de la Marina al combate del crimen organizado, así como el que tengan cooperación conjunta para enfrentar a los cárteles, llevará a que las Fuerzas Armadas combatan a la delincuencia organizada, dejando de lado la amnistía de facto que el Presidente había decretado para los jefes de los cárteles de las drogas y los criminales.
Este giro probablemente vendrá con violencia. Al cancelarse el acuerdo no escrito con las organizaciones criminales de permitirles el narcotráfico a cambio de que comenzaran con un proceso de depuración –aniquilando a sus adversarios– y pudiera quedarse un cártel con el control del narcotráfico en el país –regresando al estado de cosas de principio de los 90–, a cambio que la organización criminal contribuyera a la pacificación de México, deberá esperarse una reacción. Si esto se cumple, como lo están acordando, situaciones como la de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no deberían repetirse.
Aunque los compromisos con Barr están quedando sellados, no está claro si llegarán a cumplirse. López Obrador, que ha mostrado vulnerabilidad ante las amenazas del presidente Donald Trump, puede conjeturarse que cumplirá con lo que están pactando, aunque vaya contra lo que ha pensado por mucho tiempo. El problema del consumo es de Estados Unidos y el de México es la violencia, decía. En su lógica, no combatir a los cárteles bajaría la violencia, y del consumo, que se encargaran los estadounidenses. El análisis estaba equivocado, pero así lo creía, hasta que vino el ultimátum de Barry, y, como hasta ahora, ha tenido que rectificar.
