Aunque habían circulado documentos de las iniciativas para reformar el sistema de impartición de justicia penal que este miércoles serían llevadas al Senado de la República, funcionaros federales se limitaron a hablar sobre el contenido de los cambios que plantearán hasta el próximo 1 de febrero a la Cámara alta.

Ante este aplazamiento de la presentación de las iniciativas, el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío, consideró a través de Twitter que fue razonable frenar la presentación de las nuevas leyes, pues –dijo- los que elementos de los documentos que circularon en redes, eran claramente inconstitucionales o inconvencionales.

El fiscal Gertz Manero, quien hizo un resumen del contenido de las reformas, manifestó que la propuesta incluye la creación de la Ley Nacional de Cultura Cívica y  un nuevo Código Penal Nacional.

Además, indicó que se busca establecer reformas al Código de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley  Nacional del Sistema Integral de Justica para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que él encabeza.

Alejandro Gertz agregó que las iniciativas prevén 14 modificaciones constitucionales.

“Se han hecho esfuerzos durante los últimos 20 años generando respuestas parciales que finalmente nunca han terminado por generar realmente una solución que contenga y que no deje que siga creciendo” la inseguridad, remarcó ante senadores entre los que destacó la presidente de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, y el titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal.

Por su parte, Scherer Ibarra manifestó que espera que estas reformas logren cambiar el sistema de justicia que hoy en día deja el 99 por ciento de los casos en la impunidad.

A su vez, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, comentó que se requiere un sistema de justicia que atienda a plenitud la necesidad de justicia que hay en el país, al tiempo que llamó a discutir prolíficamente las iniciativas en un debate plural dentro del Senado.

Recalcó que el tema de la justicia es de extrema importancia para vivir en un Estado de derecho y es una prioridad para la Cuarta Transformación.

¿ESTO SE SUPO DE LAS INICIATIVAS?

Este miércoles se esperaba que el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaran reformas radicales al sistema de impartición de justicia penal, sin embargo, sólo hicieron puntualizaciones sobre su contenido en una reunión con la Jucopo del Senado.

Scherer y Gertz Manero planteaban cambios radicales al modelo que se probó durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y que está vigente desde 2016.

De acuerdo a datos de La Jornada y de un documento obtenido por La Silla Rota, las reformas preveían lo siguiente:

-Jueces y magistrados serán designados por el Senado, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el de administrarlos determinando el número y competencia territorial de sus funciones y no tendrán conexión con el Consejo de la Judicatura como ahora ocurre.

-El periodo de sus encargos bajará de 15 a 9 años.

-El arraigo se aplicará para todos los delitos y no sólo para los casos de delincuencia organizada, aunque sólo durará un periodo de 40 días.

-La desaparición de los jueces de control en cuanto a las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación y la eliminación de las audiencias iniciales.

-Se prevé que el mismo juez que conozca de la investigación sea quien dicte sentencia.

-Vuelven obligatorio el trabajo penitenciario como un requisito para el otorgamiento de las figuras de preliberación y reducción de penas.

-La aprobación de un Código Penal nacional y una ley nacional de cultura y justicia cívica.

-Proponen que sea obligatorio el trabajo comunitario.

-La autoridad administrativa estará facultada para aplicar sanciones si se cometen infracciones en materia de justicia cívica y de los reglamentos gubernativos y de policía, las cuales únicamente consistirán en la reparación del daño, amonestación, trabajo a favor de la comunidad, multa o arresto hasta por 36 horas.

Estos son algunos de los cambios propuestos en las iniciativas propuestas para reformar los artículos 5, 16, 18, 19, 20, 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102, 116 y 122.

Dentro de las reformas al artículo 16, se plantea que en casos de urgencia o flagrancia el Ministerio Público y policía realicen la retención y que el juez de manera inmediata determine la legalidad de dicho acto, y que en el caso de la medida cautelar de arraigo aplicará para todos los delitos.

La medida del arraigo ampliará su plazo de 40 a 80 días sólo en investigaciones de delincuencia organizada, delitos por hechos de corrupción o aquellos delitos en los que se considere requieren una cantidad significativa de actos de investigación.

También resalta que se propone que la víctima u ofendido de un delito podrán solicitar a la autoridad judicial la autorización para que la autoridad ministerial practique cateos, medida que era exclusiva del agente del Ministerio Público.