WASHINGTON (apro) – Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, se declaró “no culpable” de los cuatro delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa que le imputa el gobierno de Estados Unidos.

Ante la juez federal Peggy Kuo, el exencargado de la seguridad nacional en el sexenio de Felipe Calderón, y exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el de Vicente Fox, determinó enfrentar el procedimiento legal para demostrar su inocencia.

Los fiscales federales Ryan Harris y Erin Reid le pidieron a la ministra negar la libertad bajo fianza de García Luna, debido a que el exfuncionario mexicano podría huir de Estados Unidos, irse a México y ahí recibir protección del narcotráfico y de exfuncionarios.

En la corte de Brooklyn donde se realizó la audiencia de procedimiento, García Luna apareció vestido con la típica ropa de reo en los Estados Unidos, pantalón color café claro y camisola gris, y estuvo acompañado del abogado de oficio, César de Castro, su esposa y sus dos hijos.

La próxima audiencia de procedimiento será el próximo 21 de enero, para la cual se espera que García Luna esté presente con su equipo de abogados, quienes intentarán nuevamente lograr la libertad bajo fianza del exintegrante del gabinete de Calderón.

La declaración de “no culpable” de García Luna es normalmente lo que señalan los presuntos delincuentes encausados por el Departamento de Justicia por delitos federales relacionados con el narcotráfico, aunque posteriormente la gran mayoría llega a un arreglo.

A García Luna el gobierno de Donald Trump le imputa tres delitos relacionados con el trasiego de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa, y uno por mentir bajo juramento cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización.

La audiencia del próximo 21 de enero será ante el juez Brian Cogan, quien presidió el proceso en contra del narcotraficante y líder de una fracción del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua por más 30 años de prisión.

Ante la juez Kuo, García Luna, a través de una traductora, negó la responsabilidad de los cargos que se le achacan.

Tenía un rostro de tristeza y sombrío, se ve más avejentado y hasta un poco jorobado, en claro contraste con la imagen jovial que tenía cuando era funcionario federal.

La próxima sesión será de “procedimiento” para dar arranque a los arreglos previos a un juicio formal, todo esto como parte de los reglamentos judiciales para un procedimiento que tiene un plazo mínimo de 70 días, lo cual se puede extender hasta un año o más.

De haber juicio, el Departamento de Justicia, como lo hizo en el caso del Chapo Guzmán Loera, debe presentar como testigos de cargo a narcotraficantes que implicarían a García Luna en su relación por cohecho con el Cártel de Sinaloa.

Como ha ocurrido con otros delincuentes significativos, no está descartado que García Luna llegue a un arreglo con el Departamento de Justicia para evitar que en el juicio salgan a relucir nombres de políticos, militares, y jefes de las fuerzas de seguridad del Estado relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Bajo un arreglo, cuyos detalles puede o no dar a conocer el Departamento de Justicia, García Luna daría a conocer el nombre de políticos, militares y representantes de las fuerzas de seguridad del Estado en los sexenios de Calderón y Fox, que como él fueron cooptados por la fracción del Cártel de Sinaloa dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Como testigo cooperante dentro de un acuerdo con el Departamento de Justicia, García Luna también debe estar a la disponibilidad de la justicia estadunidense si lo requieren para testificar en contra de alguna otra persona acusada de narcotráfico y relacionada con el Cártel de Sinaloa.

Con el compromiso del “arreglo”, García Luna podría ser enviado a la cárcel como máximo por un periodo de 10 años -tiempo mínimo de prisión que solicitaba el Departamento de Justicia en la imputación original de los cuatro cargos- y como mínimo un plazo de 36 a 60 meses.

Lo único garantizado aún con el arreglo es que el exsúper policía del sexenio de Calderón debe permanecer un tiempo en una prisión federal de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa, considerado por la DEA como el más poderoso del mundo.