Este último miércoles, muy por la mañana, un breve coloquio en un salón de Palacio Nacional atajó lo que se anticipaba como una sonora ruptura entre gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las evidencias disponibles, la crisis no ha sido conjurada, apenas se pospuso.

El secretario federal de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, buscó el cobijo de dos mandatarios estatales del PAN, Javier Corral, de Chihuahua, y Francisco Domínguez, de Querétaro, para directamente en el rincón de un salón de la Secretaría de Hacienda (con más de una veintena de expectantes gobernadores como telón de fondo), pactar un acuerdo que desactivara una bomba política diseñada para estallar minutos después frente a López Obrador cuando condujera la reunión nacional sobre seguridad.

Durazo Montaño exhibió así a quizá los únicos dos gobernadores de oposición con los que ha logrado construir una adecuada interlocución. Con una diferencia sustantiva: Corral es un agente libre, hace política conforme su propia agenda. Ni siquiera Vicente Fox y Felipe Calderón, como presidentes panistas, lograron subordinarlo. Domínguez intenta el riesgoso juego de cabalgar en doble montura, representar al panismo y aliarse con la Cuarta Transformación. Este mismo fin de semana no tuvo empacho en prestarse para la foto con la que López Obrador daba un nuevo respaldo a Manuel Bartlett, vergonzantemente exonerado por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

El “acuerdo del rincón”, consumado en la referida reunión, obligará al Gabinete de Seguridad a reunirse con los gobernadores en la Ciudad de México, en el marco de la Conago, hacia la mitad de enero. Asimismo, se buscará relanzar las reuniones de coordinación que tan poco interés han despertado en la mayoría de los altos mandos de las administraciones estatales.

Este nuevo episodio de una ya larga ruta de fricciones entre el gobierno López Obrador y los gobernadores de oposición, especialmente del PAN, había brotado en la víspera, el martes 17, cuando (como se lo anticipé desde el domingo anterior) el Presidente decidió que era una buena apuesta culpar a los gobernadores del fracaso en la política de combate al crimen organizado y la violencia.

Para tal efecto, siguiendo su lógica de que un argumento elemental es lo que atrapa mejor al público, López Obrador echó mano de cifras en las que presuntamente se correlacionan las cifras altas de inseguridad con la falta de asistencia de los gobernadores a juntas locales de coordinación entre corporaciones federales y estatales.

Por la mañana de ese martes, bajo la acuciosa mirada presidencial, Durazo Montaño leyó la gráfica correspondiente, pero solo lo hizo de manera parcial, pues sus mismos datos desmentían la postura presidencial o lastimaban a gobiernos estatales que han mostrado un estrecho compromiso con el esquema de reuniones cotidianas, sea con el gobernador, sea con uno de sus colaboradores de alto nivel, como el secretario de Gobierno, el fiscal y el secretario de Seguridad correspondientes.

Ello mostró un nuevo ciclo de reyertas de alto nivel ante el desastre en el combate a la inseguridad. En esta ocasión ni siquiera se logró desviar la atención de que, a un año justo de haber iniciado, el gobierno López Obrador sigue sin encontrar el mecanismo correcto para controlar, ya no digamos disminuir, el crecimiento de la violencia criminal en el país.

Conforme se acerque la citada reunión del Gabinete de Seguridad con la Conago, en la segunda semana de enero, quedarán de manifiesto dos problemas concretos que está teniendo la estrategia, no los únicos ni los más graves.

El primero se refiere a la abierta indolencia con la que se desempeña Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán y coordinador de la Comisión de Seguridad en la Conago.

En tal función, sus colegas le pidieron hacer un estudio para darle más sustancia precisamente a las juntas de coordinación estatales, pero no le ha dedicado un solo minuto al tema.

La segunda insuficiencia se expresa en el rol de los comandantes de la Guardia Nacional en los estados, que en dichos foros de coordinación se dicen atados de manos si cada compromiso planteado no es autorizado antes por el titular de la nueva corporación, el general Luis Rodríguez Bucio.