Nada en el presupuesto federal determinado por el Congreso para el sector salud manda la señal de que las preocupaciones, prioridades y compromisos del presidente López Obrador en este ámbito estén siendo honrados por los planificadores del gasto, instalados en los cómodos despachos de la Secretaría de Hacienda.

Un cruce de cifras que permita conciliar montos nominales asignados, cifras reales descontando inflación y porcentajes del gasto gubernamental en términos de PIB arroja un avance nulo. No hay política pública respetable que no tenga un reflejo en el dinero que la respalde. Si la reiterada prioridad presidencial en este campo se reflejara en una línea de gasto, ésta sería totalmente plana, como el electrocardiograma de un enfermo que entra en agonía.

Al aumento marginal de fondos para el sector se han sumado anuncios de que, en algún momento del próximo año, llegarán otros 40 mil millones de pesos, que López Obrador había prometido en agosto que aparecerían en la primera versión del presupuesto, lo que no ocurrió. Aun si llegan, la cifra estará muy lejana a los cerca de 170 mil millones de pesos más que representan un punto adicional del PIB y son considerados indispensables para en realidad transformar este ámbito con más justicia y equidad.

Ante ello, los problemas de escasez de recursos se seguirán reflejando en picos estadísticos de fallecimientos en instalaciones hospitalarias públicas, en una caída en el número de camas por cada mil habitantes, en el disparo de epidemias como el dengue (el cuádruple de casos que el año pasado), o de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y el cáncer. Pero también, en el muy alto lugar que ocupa México en la lista de países en los que su población no cuenta con respaldo institucional para atender su salud y debe hacer frente a sus enfermedades con gasto de su bolsillo, lo que suele hundir a la economía familiar en una catástrofe.

Una revisión del presupuesto (que se debe hacer con lupa, pues muchas cifras están ocultas o maquilladas) arroja menos dinero para atender vacunación, encarar epidemias, medicar a enfermos con sida, para el acceso a la alta especialidad, pues los institutos y hospitales de este nivel serán rudamente castigados.

En paralelo corren otras pistas llenas de hoyancos y precipicios. Se trata del nuevo sistema de compra y distribución de medicinas, que ciertamente ha encarado bloqueos por parte de la corrupción dentro y fuera de las instituciones de salud. También, la garantía de que habría medicamentos de alta calidad al alcance de todos. Y por último, el compromiso de rescatar los sistemas de salud financieramente quebrados, como ocurre con los estados del sur y sureste del país.

El nuevo sistema para la llamada compra consolidada de medicinas exhibe un notorio atraso en todos los órdenes (bases de adquisición, distribución, autorizaciones por parte de Cofepris…), lo que puede reflejarse en desabasto el próximo año.

Si es necesario señalar culpables de la persistente crisis en el sector salud habría que voltear primero hacia la Secretaría de Hacienda, cuyo equipo decidió “experimentar” con el gasto y los procesos, con la certeza de que simplemente atacando la corrupción los problemas se resolverían. La venalidad pública y empresarial del sector parecen estar siendo combatidas, pero los problemas se han multiplicado.

Uno de los epicentros de ello es la muy, muy poderosa oficial mayor de Hacienda, la señora Raquel Buenrostro, en cuyas manos ha sido depositado, personal y directamente por órdenes presidenciales, el poder de conducir compras por 1.2 ¡billones! de pesos, por lo que lo mismo dispone cómo adquirir analgésicos que tubos para oleoductos. Para ello dispone de una red inmensa de controladores en toda la estructura gubernamental, varios de los cuales ya demostraron no ser ángeles en esto de la pureza al usar el erario.

Ello ha traído disgustos y jaloneos entre dependencias y funcionarios. A veces por vanidades, en otras porque están siendo afectados asuntos de enorme trascendencia. Mientras tanto, cada vez más personas siguen entrando vivas a los hospitales públicos y saliendo muertas.