El robo de información sensible a Pemex mediante un ciberataque, dado a conocer esta semana, se está convirtiendo en un asunto de mayor densidad de lo que aparenta. Hasta ahora, la respuesta del círculo presidencial fue enviar a Rocío Nahle a decir que el Estado no pagaría los 5 millones de dólares que piden los hackers para devolver los archivos.

Pero el caso tiene una complejidad mayor que una mera extorsión, que además no tiene lógica porque en el ambiente de la ciberseguridad -cómo le explicaron a Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles- se conoce que por regla general los gobiernos no pagan por información que ya salió de su circuito de custodia. Se da como perdida y se hacen nuevos encriptados para evitar que vuelva a suceder. Por lo general es más común que sean las corporaciones las que paguen para recuperar datos robados.

Pero, entonces, ¿para qué robaron esos datos? En el Gobierno está creciendo la tesis de que detrás del hackeo a Pemex hay una maniobra impulsada por fondos buitres de EU que buscan detonar la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado para, en lo posible a comienzos del 2020, comprar los bonos de Pemex una vez que las calificadoras los cataloguen como “junk bonds“, es decir bonos basura.

Pemex está a un paso de perder su grado de inversión y tiene una deuda que oscila en los 100,000 millones de dólares y que está respaldada por el Tesoro mexicano. El Gobierno tiene muy presente ese escenario porque, llegado el caso deberá evitar una dispara del dólar, tal como lo informó LPO.

Pero más allá de la turbulencia macroeconómica aparece la posibilidad de que los papeles degradados sean adquiridos por fondos como Aurelius, Elliot o FG Hemisphere. Estos fondos luego van a litigar contra el Estado mexicano y no van a aceptar renegociación o quita alguna en las obligaciones emitidas.

La tesis del Gobierno dice que el hackeo fue para que las calificadoras advirtieran que Pemex no puede resguardar su información y, de ese modo, contribuir a la perdida del grado de inversión.

La historia de estos fondos y la ciberseguridad es vidriosa. En 2018 la investigación del periódico londinense The Guardian alertó de los nexos del fondo Elliot con Cambridge Analytica, firma de “Big Data” acusada de robar datos de particulares. Recientemente diversas publicaciones de EU han señalado la presencia de la agencia de inteligencia y ciberseguridad Black Cube en Wall Street. Dicha firma es propiedad de ex directivos del servicio secreto israelí.