En la conferencia mañanera de ayer, sucedió un hecho insólito: el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, a instrucción expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el nombre del oficial a cargo del grupo de inteligencia militar que encabezó el esfuerzo de detención de Ovidio Guzmán el pasado 17 de octubre. Asimismo, sugirió que el operativo fue lanzado sin su autorización o conocimiento.
Esto amerita múltiples reflexiones:
1. La versión que dio el general Sandoval es francamente inverosímil. De acuerdo a varias fuentes consultadas, todas con conocimiento de temas militares, los cuerpos de inteligencia o fuerzas especiales del Ejército o la Marina no se lanzan a la persecución de un objetivo de alto perfil como Ovidio Guzmán sin conocimiento del alto mando ni procedimientos preestablecidos para autorizar la captura del blanco una vez que es ubicado.
2. Para evitar filtraciones, unidades como el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) operan con cierto grado de autonomía con respecto a la estructura territorial del Ejército. Es decir, pueden actuar de manera encubierta en algún punto del país sin necesariamente informar al jefe de la zona militar sobre los alcances de su misión. Pero eso no obsta para que deban mantener informados a sus superiores en la Ciudad de México, particularmente al general secretario.
3. Por otra parte, de acuerdo a lo narrado por el general Sandoval el miércoles, se utilizó en el operativo a personal adscrito a la Novena Zona Militar para establecer el perímetro de seguridad externa. Esa tropa salió del Campo Militar 9-A a las 14:00 PM (hora de Culiacán). Eso significa que el jefe de la zona militar supo antes de esa hora que se estaba lanzando una operación importante y tuvo que haber informado de ese hecho a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
4. Pero aún si es cierta la versión oficial, ¿qué sentido tenía revelar el nombre del oficial responsable? ¿No bastaba con decir que un grupo de operaciones especiales había lanzado el intento de captura sin obtener el consentimiento de la superioridad y que se había iniciado ya una investigación para deslindar responsabilidades? Revelar el nombre del oficial no hace más o menos creíble la versión de una operación autónoma y no autorizada por el alto mando.
5. La revelación del nombre sí tiene en cambio consecuencias negativas graves. Primero, pone en riesgo la vida del oficial y su familia: no es descabellado suponer que el grupo criminal pueda intentar cobrarse el intento de captura de Ovidio Guzmán. Segundo, al hacer público el nombre del oficial, pudo haber puesto en entredicho la investigación que, de acuerdo al general Sandoval, ha iniciado ya la Fiscalía General de Justicia Militar: fácilmente se podría alegar que se está violentando el debido proceso. Tercero, el propio general secretario se pudo haber puesto en riesgo legal: la divulgación de información confidencial es un acto penado tanto en el fuero civil como en el militar. Por último, si el personal de inteligencia percibe que su nombre puede ser revelado sin más en una conferencia de prensa, el resultado puede ser la parálisis ¿Quién querría correr riesgos si puede ser abandonado a su suerte cuando algo sale mal? Como mínimo, es desmoralizador para oficiales y tropa saber que son fichas prescindibles en un juego político.
En conclusión, desde los hechos de Culiacán, se ha exigido transparencia y rendición de cuentas. Pero eso no requiere hacer pública información que pone en riesgo la vida de las personas y la eficacia de las instituciones. No es lo mismo ser transparente que suicida. Lo de ayer cae en la segunda categoría.
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