Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el hilo de tiempo para explicar minuto a minuto lo que sucedió en Culiacán. Ya la semana pasada le presentamos a usted el verdadero relato de lo sucedido, no habrá mayores novedades al respecto. Ya sabemos qué se hizo bien y en qué falló el pasado 17 de octubre. Lo que resulta importante es hacer las correcciones necesarias, una vez puestas de manifiesto las notables falencias que exhibió el operativo.
El primer punto es, sin duda, la estrategia de seguridad. La idea de pacificación, abrazos y no balazos, los chascarrillos como método para tratar a los delincuentes deben quedar enterrados en el discurso presidencial y comenzar a trabajar con seriedad. A los criminales se les han regalado por lo menos once meses para poder armarse, prepararse, fortalecerse. Es verdad que ha habido algunos golpes puntuales, pero la norma ha sido el dejar hacer, dejar pasar. Por eso, cuando alguien se asombra de la capacidad de reacción del Cártel de Sinaloa en Culiacán, habrá que recordar que no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa durante estos meses, de tal forma que el control que ejercen sobre esa ciudad es casi absoluto.
Faltó, nos dicen, inteligencia al respecto y es verdad, pero faltó inteligencia porque los recursos del Estado han sido puestos en otros objetivos y tampoco existe coordinación con Estados Unidos que ayude a tener su localización.
Quizás, nos aseguran, una de las consecuencias de Culiacán es que se haya podido reanudar, así sea parcialmente, esa relación. Veremos si es así.
La demostración de que se están modificando las cosas y de que el Estado mexicano tuvo el jueves 17 prudencia y no debilidad es que se ejecuten las órdenes de aprehensión de los principales narcotraficantes del país. Han sido desmanteladas algunas bandas, desde la Unión Tepito hasta Los Rojos, pero las principales cabezas del crimen organizado no parecen haber sido siquiera hostigadas. Si como se asegura están localizadas, será hora de comenzar a cazarlas, en el mejor sentido de la palabra.
Cuando eso ocurra habrá que ver cómo reaccionan los narcotraficantes. Se les ha empoderado. Lo más peligroso que vimos en Culiacán no fue la movilización de sus fuerzas en las calles, sino la toma de multifamiliares donde viven las familias de los militares y la amenaza de utilizarlas como rehenes, lo que ocurrió también con soldados retenidos en las afueras de la ciudad e, incluso en lugares tan alejados de Culiacán como El Fuerte. Eso implica adoptar medidas de seguridad permanentes y mucho más firmes en puntos débiles, como multifamiliares, hospitales y otros espacios relacionados con personal policial y militar. Sin embargo, en esa lógica, toda la sociedad puede convertirse en víctima o potencial rehén. Lo que vuelve a obligar a actuar de verdad y de dejar lo de abrazos y mamás regañonas para comenzar a desarticular esas bandas.
No hay otra opción: o se les deja hacer y se les entrega el territorio, y eso fue lo que ocurrió en Culiacán y se demostró el 17 de octubre, o se les enfrenta con inteligencia, operación y objetivos claros. No puede haber ningún acuerdo de paz con el narcotráfico.
En esa línea se debe poder trabajar en forma mucho más eficiente con la FGR y el Poder Judicial. No puede ser que un operativo como el del jueves se paralice por una orden de cateo. En el pasado hubo irregularidades y también distintos métodos para intentar solucionar la contradicción que implica tener un grupo de élite tras un personaje peligroso y tener que esperar para actuar hasta que se cumplan una serie de acciones burocráticas que quedan en manos absolutamente ajenas a la urgencia e importancia que demanda la acción. Buena parte de esos problemas se solucionaban con la derogada ley de seguridad interior, que podía tener otros problemas, pero era muy útil para poder operar con certidumbre legal y jurídica. No ha sido reemplazada por nada y en muchos sentidos soldados, marinos y políticas terminan atados de manos a la hora de detener a un delincuente, con el peligro (¿no es así juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna?) que por intereses políticos sean dejados inmediatamente en libertad.
Finalmente, trascendiendo todo esto, el jueves 17 se demostró que la comunicación federal es una zona de desastre. Con horas de vacío de información, sin que nadie dé la cara, con el Presidente incomunicado por decisión propia y su vocero desaparecido, con versiones contradictorias, sin capacidad de controlar el discurso, lo ocurrido es para escribir un manual de todo lo que no debe hacerse en términos de comunicación política.
¿Se habrá aprendido de lo ocurrido o el gobierno federal, atado a su soberbia, tendrá, otra vez, otros datos?
