En lo que parece ser un estrechamiento del cerco en torno a Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha pedido información detallada de los movimientos financieros y bancarios de 56 políticos, empresarios, ex colaboradores y amigos del expresidente de México, todos ellos originarios o avecindados en el Estado de México, y a quienes están rastreando lo mismo en la banca privada y en las Sofom, que en sus “operaciones inusuales”, que en peticiones a la Fed de Estados Unidos, vía la embajada en México, y la Interpol, o en información pedida a la Unión Europea, a la Defensa y la Marina, en la Plataforma México, que en los Tribunales penales y Administrativos.
La lista de peñistas y mexiquenses, todos vinculados al Grupo Atlacomulco y cercanos al expresidente Peña Nieto, incluye desde el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; su oficial mayor, Rodrigo Ramírez Reyes; el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el extitular de Sedesol, Luis Miranda Nava; el exdirector de la CFE y exdirigente del PRI y actual diputado federal, Enrique Ochoa Reza, y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, hasta el exconsejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos; el exsecretario particular, Erwin Lino; el exvocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández; el exsecretario auxiliar y actual diputado federal del PVEM, Jorge Corona Méndez; el extitular de la UIF de Hacienda, Alberto Bazbaz; el extitular de Capufe, Benito Neme Sastre; la excoordinadora de Estrategia Digital de Los Pinos, Alejandra Lagunes, y el exsecretario de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar.
A todos ellos se les rastrean además sus vuelos nacionales y extranjeros, tanto privados como comerciales con rutas y destinos; sus compras en agencias de vehículos, y autos en el Registro Público Vehicular y en los estados, sus movimientos en Notarías Públicas, y se solicita un Reporte Blanco y del antiguo Cisen, además de que son objeto especial de un seguimiento por parte de un equipo especial de la SHCP y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Una fuente del gobierno de la República confirmó que derivado de los hallazgos de estas investigaciones se solicitará a la Fiscalía General de la República que inicie carpetas de investigación en contra de los políticos y empresarios mexiquenses, cuya información será “administrada y dosificada” para, en los casos en que se detecten irregularidades o delitos graves que perseguir, solicitar las investigaciones y las posibles órdenes de aprehensión en contra de quienes hayan incurrido en violaciones legales.
En la “lista negra” de peñistas mexiquenses también aparecen los empresarios Armando Hinojosa Cantú, constructor y compadre de Peña Nieto y quien financió la “Casa Blanca” de Las Lomas; Francisco Funtanet Mange, Gabino Fraga Mouret, José Chedraui Budid, quien operó el esquema de las tarjetas Monex para financiar la campaña de Peña; Ricardo San Román Dunne, Jorge Antonio Haua Rancher y José Miguel Bejos.
El listado en poder de la UIF la completan Alejandro Quintero Íñiguez, publicista y exvicepresidente de Televisa y acusado de producir documentales y campañas negras en contra de Andrés Manuel López Obrador; Luis Maccise Uribe, empresario de medios que adquirió varias empresas en el sexenio anterior; Juan Carlos Morales, exfotógrafo oficial de Los Pinos; Gustavo Cárdenas Monroy; Luis Felipe Puente Espinoza, exdirector de Protección Civil de Segob; Manuel Cadena Morales, Ricardo de la Cruz Musalem, Fernando Florez Fernández, Erasto Martínez Rojas, Maribel Cervantes Aguirre, Xavier Lazcano Díaz, Gabriel O’Shea Cuevas, Eustaquio de Nicolás Gutiérrez, Pedro Acra Negrete, José Manzur Quiroga, exsecretario de Gobierno del Edomex; Carlos Rello Lara, extitular del Fondo de Expropiación de los ingenios azucareros; Daniel Madariaga Barrilado, Eduardo Gasca Pliego, Jesús Alcántara Núñez, Eduardo Luque Altamirano, José Antonio Rodarte Leal, Oscar Callejo Silva, Isaac Gamboa Lozano, Antonio Chemor Ruiz, Ricardo Mercado Galán, Héctor Velasco Monroy, Evangelina Lara Alcántara, César Nomar Gómez Monge y Adrián Fuentes Villalobos.
La pregunta, con tantos peñistas del círculo cercano político, empresarial y de colaboradores, que están siendo investigados en sus movimientos y manejos financieros, es cuántos de ellos serán llamados a cuentas por la FGR y cuántos de esa larga “lista negra” estarían dispuestos a “cantar” o a dar información que conduzca a la punta de la pirámide que los une a todos: el expresidente Enrique Peña Nieto. Será cuestión de tiempo para ver cuántos de los políticos, empresarios, exfuncionarios y colaboradores empiezan a aparecer en investigaciones judiciales que, según insisten las fuentes gubernamentales, no serán sacados todos de golpe sino, poco a poco, conforme la Cuarta Transformación vaya requiriendo de un poco de “sangre” y otro poco de “caja china” para enfrentar los tropiezos y complicaciones naturales en cada gobierno.
Y como el momento actual, con todo lo que pasó en Culiacán, generó una fuerte crisis al interior del gobierno de López Obrador, no sería raro que por estos días salieran algunos nombres de peñistas y mexiquenses encumbrados desde la Fiscalía General de la República.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de la FGR, ayer el fiscal Alejandro Gertz dijo que van a investigar “a fondo” lo ocurrido en Culiacán el jueves pasado para deslindar responsabilidades porque la capital de Sinaloa, dijo, “no será otro Ayotzinapa”. Veremos si se cumple la palabra del fiscal y se esclarece la gravedad y los responsables de la crisis de Culiacán. Más que “otro Ayotzinapa” nos conformamos con que el caso no se convierta en “otro Tlahuelilpan” en donde todavía no sabemos, casi 10 meses después, qué fue lo que pasó en la primera gran tragedia de la 4T que también ofreció esclarecer el fisca Gertz Manero… Anoche circularon fuertes versiones de que Carlos Aceves del Olmo está pronto a presentar su renuncia a la CTM. Se decía que ayer mismo se haría pública su salida, pero después aseguraron que hasta que salga de una operación quirúrgica se hará pública su decisión de renunciar a la Secretaría General de la vieja central obrera. Será el segundo charro que se cae del caballo del corporativismo sindical… Por cierto que pocos entendieron la jugada del dirigente de la FTSE, Joel Ayala, que renunció al PRI justo cuando se investigan también sus movimientos y se hablaba de que él era otro de los líderes sindicales con los que la Secretaría de Gobernación estaba operando para su renuncia. Dicen en el PRI que a Ayala lo empujaron a renunciar su amigo el ex senador Emilio Gamboa, pero lo que no entienden es si con ese movimiento el ex senador, que tuvo varios internamientos por problemas de adicciones, librará la guillotina de la 4T…Y hablando de la 4T en Durango sigue la rebelión de diputadas y senadoras de ese estado que vetaron el nombramiento de Manuel Espino como superdelegado de los programas federales del gobierno federal. Las legisladoras ya le dijeron a Gabriel Hernández que no están de acuerdo con la designación de Espino, a quien consideran un representante de la “ultraderecha” y lograron frenar el nombramiento, pero aún están en espera de que las reciba el presidente López Obrador, quien tiene la última palabra. Entre las legisladoras morenistas que no quieren a Espino están la senadora Margarita Valdez y las diputadas Maribel Aguilera, Martha Olivia García, María de Lourdes Montes e Hilda Patricia Ortega…Los dados mandan Serpiente. Mal pinta la semana.
