Hoy se votará en la Cámara de Diputados la ley que cerrará las puertas del sector público a personas altamente calificadas.

Con la Ley de Austeridad Republicana quedará prohibido que un funcionario trabaje en el sector privado en los siguientes diez años de concluido su encargo en el gobierno.

Ningún funcionario podrá trabajar en el área de sus conocimientos y habilidades al terminar su periodo en la administración pública, por diez años.

¿De qué van a vivir, entonces?

Con esta ley se asegura que la administración pública deje de ser atractiva para profesionistas con conocimientos altamente especializados.

Sólo los vagos aceptarán altos puestos, o los que crean que su estancia en el poder será eterna.

El objetivo aparente de esta medida consiste en evitar que un exservidor público utilice información privilegiada en favor de alguna empresa.

Sin embargo la ley que se aprobará hoy no expresa la palabra ‘privilegiada’, sino información a secas.

Tampoco hay distinción de jerarquías ni grados de responsabilidad: la prohibición es para quienes hayan tenido información. Es decir, todos.

Ya hay una prohibición, bastante razonable, para impedir que algunos funcionarios –como los que han sido secretarios de Hacienda– trabajen en áreas de su especialidad hasta un año de concluida su labor.

Un año. Pero ¿diez? ¿Y para todos?

Con esa ley se ahuyenta a las personas preparadas y el espacio quedará libre para todólogos y se cerrará para especialistas.

Un experto en comunicación digital no podrá trabajar en lo suyo en la siguiente década después de concluido su periodo en el gobierno.

¿Qué va a hacer? Lo mismo que un experto en seguridad, en comercio internacional, en energía, en medicina, en estadística, en finanzas… Nada. Por diez años.

Con esta medida se va a afectar a un millón 400 mil servidores públicos que no podrán trabajar en su área de conocimiento cuando se separen del cargo o sean despedidos.

La senadora Vanessa Rubio alertó en su momento que esta ley, además, es violatoria de la Constitución, que en su artículo V establece que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a su profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

¿Cómo van a hacer los contadores que trabajan en el SAT y que son despedidos de su cargo?

De acuerdo con la ley que Morena y sus aliados aprobarán hoy, tendrán que esperar diez años para buscar trabajo en el área de contabilidad de una empresa privada.

Para los siguientes meses vienen más despidos en la burocracia, según anunció el secretario de Hacienda. ¿Dónde van a trabajar los que se van?

De acuerdo con la ley, por tener información de sus áreas de trabajo en el gobierno, les estará impedido ingresar al sector privado en lo que es su profesión durante una década.

Olvídense de su futuro los expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los de Comisión Federal de Electricidad, los de Salud.

También pueden cruzar los dedos para que este gobierno no se vaya nunca, y portarse bien para que no los despidan en el siguiente recorte.

Con lo que se votará hoy en San Lázaro van a destruir los órganos autónomos. Son de alta especialidad en energía, competencia económica y telecomunicaciones, entre otros apartados, y sus integrantes al terminar su periodo no podrán dedicarse a lo que saben.

Quizá lo peor del caso es preguntarse quiénes van a arriesgar sus carreras para entrar a trabajar al gobierno, si no van a poder emigrar en busca de mejores sueldos y oportunidades durante diez años.

Al sector público van a entrar los que no encuentren trabajo en otro lado.

Los altos puestos de responsabilidad técnica quedarán en manos de mediocres.

O en las de políticos cuya aspiración y objetivo será no soltar jamás el gobierno.