La prensa política amaneció el lunes con críticas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.
Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.
La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un gobierno– para evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el bumerán de mayor violencia y las críticas de ser un gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.
Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet se identificaron como miembros de la ‘Brigada de Acción Simón Radowiski’ –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.
Un informe del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata ‘Praxedis G. Guerrero’, Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.
Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria, en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reivindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata ‘Práxedis G. Guerrero’, que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup– y del EPR.
En ese comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos, detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital, durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo ‘Auditorio Che Guevara’, un “espacio autónomo de trabajo autogestivo” que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio Justo Sierra.
Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller ‘Ricardo Flores Magón’, el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación evidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes ‘Ricardo Flores Magón’, que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.
Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El artilugio retórico está en sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.
