La combinación del nuevo etiquetado nutrimental y la actualización de impuestos, propuestos para el próximo año, tienen a las refresqueras y a las tabacaleras en pie de lucha, por lo que lo mismo cabildean con los legisladores la miscelánea fiscal que en la Secretaría de Salud y la Oficina de la Presidencia las nuevas reglas de etiquetado.
Este viernes, el Consejo Mexicano de Productos de Consumo (ConMéxico), que agrupa a las empresas de bebidas procesadas como Coca-Cola y PepsiCo, convocó a un seminario para tratar de ‘derribar los mitos’ sobre el etiquetado nutrimental que el gobierno está a punto de imponerles.
La idea también es explicar que la actualización de impuestos que la Secretaría de Hacienda propuso en la iniciativa de Ley de Ingresos es regresiva y no ayudará a reducir el consumo de refresco ni mejorará los índices de obesidad que sitúan a México en lo más alto de los rankings, según la experiencia internacional.
Desde 2018 los refrescos tienen una tarifa de 1.17 pesos por litro y la propuesta es llevar ese impuesto a 1.2705 pesos. Con ello, se estima que la recaudación de estos productos aumentaría alrededor de 2.53% y las ventas de las empresas se reducirían poco menos de 1%.
La actualización —por inflación— ha generado resistencias de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, que encabeza Antonio Guillén, y ConMéxico, que preside Jaime Zabludovsky, debido a que consideran que es un retroceso y afectará a la cadena de valor. No obstante, se dicen dispuestos a llegar a un acuerdo.
Aquí le hemos contado que las regulaciones de etiquetado cayeron sin piedad sobre las empresas debido a que no cumplieron con un acuerdo pactado con el gobierno de la Cuarta Transformación, el cual consistía en tres cosas: la primera, contratar a miles de jóvenes, capacitarlos como educadores físicos y enviarlos a las escuelas; la segunda: rehabilitar parques y espacios públicos para hacer deporte; y la tercera: implementar una campaña masiva para dar a conocer cómo leer correctamente los etiquetados actuales y promover la actividad física. Como pilón, las empresas insertadas en ConMéxico ofrecieron aportar varios minutos al día para que sus trabajadores hicieran ejercicio aeróbico.
En una tesitura similar está la industria tabacalera, representada en México por British American Tobacco, que dirige Leonardo Senra; Philip Morris, a cargo de Andrzej Dabrowski; y Japan Tobacco International, de Lucas Chazarreta, quienes representan la mayoría del mercado de cigarros en el país.
Este sector en casi toda la última década ha vivido un mal contexto marcado por el galopante crecimiento del comercio ilegal de cigarros.
Según declaraciones del Servicio de Administración Tributaria, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, durante 2013 el comercio ilícito de estos productos representó 17% del total de cigarros vendidos en México, es decir que 17 de cada 100 cigarros eran ilegales (no pagaban impuestos y no cumplían con las regulaciones sanitarias).
En 2011, el comercio ilegal de cigarros era inferior a 3%. ¿Qué sucedió para que se presentara este fenómeno? Que ese año, durante la administración de Felipe Calderón, se aprobó un aumento de la cuota del IEPS de 4 centavos a 35 centavos por cigarro, es decir, un incremento de casi 800%.
Tras dicho aumento no se había incrementado de nuevo el IEPS, lo cual permitió que el comercio ilegal de cigarros se ubicará en 8.8%, poco más de 3 mil millones de cigarros ilícitos anuales, según datos del informe publicado en 2019 por la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Sin embargo, el comercio ilícito de cigarros no ha disminuido a los niveles anteriores a 2011. Por ello es que se estima que, de aplicarse más impuestos, los consumidores optarán por productos de menor precio, incluso provenientes del comercio ilegal.
En los últimos años han surgido muchas marcas ultra baratas y que algunas autoridades sanitarias consideran como un riesgo para la salud, ya que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o algunos que son elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco.
Por ejemplo, la Cofrepris, a cargo de Alonso Novelo, enlistó un poco más de 90 marcas de cigarrillos, muchas de las cuales se pueden encontrar hoy en Tepito: Alamo, Silverlight, Malverde, Bill, Marshal, Jaisalmer. El paquete de 10 cajetillas se puede comprar, al mayoreo, a un costo de 60 a 80 pesos. Cada una contiene 20 cigarros; la mayoría son fabricados por China Tobacco Hunan Industrial CO. LTD y por Tabacos del Este S.A.
En cuanto a la industria nacional, la tabacalera Burley & Virginia Tobacco Company, con sede en Jalisco, es la empresa titular de las marcas de cigarros “Indy”, “Bahrein”, “Cherokee” y “Maverick”, cuyo precio oscila entre 17 y 25 pesos por cajetilla.
Así que, en medio de una desaceleración económica y un entorno fiscal y regulatorio más restrictivo, el panorama para la industria tabacalera y refresquera luce muy complicado.
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