Las conferencias mañaneras son un fenómeno de comunicación. Se dice, con razón, que ningún otro mandatario en el mundo responde tantas preguntas todos los días como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero las mañaneras son más que eso. Se trata, en los hechos, de actos de gobierno. Ahí el Ejecutivo y sus principales colaboradores anuncian y explican medidas y, en ocasiones, incluso, se toman decisiones. Hay muchos días en que son la principal actividad del Presidente.

Las más de 200 conferencias que han tenido lugar de diciembre a la fecha ya tienen una mecánica conocida por los gobernados. No son espontáneas. Suceden todos los días hábiles y comienzan siempre a la misma hora. Insisto, ya son parte de la gestión presidencial.

El mandatario ha defendido estas conferencias como un ejercicio de transparencia de su gobierno. Tiene razón. Muchas cosas que antes ocurrían a puerta cerrada hoy se hacen en público, a la vista de todos los que quieran ser testigos.

Este cambio requiere revisar los paradigmas del servicio público. Las palabras que pronuncia el Presidente cada mañana de cada día hábil se vuelven hechos de gobierno y, en una de esas, tienen valor legal, como si se tratara de documentos. Es decir, no son una charla del Presidente con sus familiares y amigos, donde reina la privacidad.

Cuando López Obrador emite en las mañaneras una opinión sobre un ciudadano o una organización de ciudadanos, lo hace no sólo como Presidente, sino que actúa en el marco de una actividad formal del ejercicio del gobierno, financiada con recursos públicos y quizá con efectos legales. De ahí que los gobernados sobre los que el mandatario emite una opinión en una de estas conferencias tendrían que estar protegidos por las leyes, más allá de los derechos que tiene cualquier ciudadano a proteger su reputación.

Mi decisión de escribir sobre esto tiene que ver con que se ha vuelto muy frecuente que el Presidente se refiera por su nombre a distintas personas y grupos que no forman parte de su gobierno e incluso que no son servidores públicos o representantes populares.

El favorito ha sido Claudio X. González, quien ha sido mencionado diez veces por López Obrador desde el pasado 22 de agosto, de acuerdo con datos del especialista Luis Estrada.

Ese día, el Ejecutivo señaló al empresario como uno de los promotores de los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. “Imagínense –dijo–, están ahí todos los abogados opositores, hasta una asociación de Claudio X. González, que siempre ha tenido diferencias con nosotros, desde el tiempo de (Carlos) Salinas”.

Hay quienes, como el mencionado, dejan pasar las alusiones. Pero ayer López Obrador señaló a José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, de quien dijo asesora a aquellos que han presentado amparos contra Santa Lucía.

En entrevista para Imagen Radio, Cossío negó la acusación de forma contundente, pero para cuando lo había hecho, su nombre ya aparecía en decenas de portales informativos atado al señalamiento presidencial.

Le pregunté cómo se sentía escuchar su nombre en la mañanera. “Mal –me respondió–, sobre todo porque no se están expresando las cosas con verdad (…) Decirlo en las mañaneras, con toda la atención que están generando, es molesto”.

Un día antes, Isabel Miranda de Wallace manifestó la misma molestia y pidió que se le diera derecho de réplica.

¿No sería adecuado que –así como el Presidente defiende sus opiniones como un derecho de réplica– se diera a los aludidos por el mandatario la oportunidad de que, en ese mismo marco o en los sitios oficiales que reproducen las mañaneras, se corrija algo que a su juicio es erróneo o falso?

Eso sería todavía más transparente.