Ya no es sólo la vacilada de declarar la desaparición de poderes en los estados panistas de Guanajuato y Tamaulipas —que ni comentario merece— o la Ley Bonilla en Baja California, sino también las “mentiras y falsificaciones” de los morenos en el Congreso de la Ciudad de México que denunció Ricardo Rocha.
El periodista, director del canal Ciudad TV 21.2, del Congreso capitalino, subió a redes un video en el que denuncia la falsificación de su firma para dar por terminado un contrato de arrendamiento de oficinas del canal en Insurgentes “y echarnos a la calle”.
En corto nos comentó que a los diputados morenos no les gusta que les dé voz a los opositores, como lo ha hecho en los cuatro años que lleva allí.
Sólo quieren oírse ellos. Se sienten la Agencia de Noticias del Pueblo.
En síntesis: Morena le está dando en la madre a la 4T sin necesidad de Fox.
* Ya encarrerado, Ricardo denunció también el desvío de un millón de pesos del presupuesto de Ciudad TV hacia otro medio público: Radio Educación.
Dice que el exoficial mayor, Javier González Garza, y el otrora presidente de la Jucopo, Ricardo Ruiz, le atribuyeron el movimiento de ese dinero a la diputada de Morena Valentina Batres.
Valentina ya lo negó. Amenazó incluso con demandar a Rocha. El periodista adelantó que no le va a entrar al debate con ella. “Yo no la acusé. Es la versión que me dieron González Garza y Ricardo Ruiz”, nos dijo. Radio Educación reviró también. Publicó un comunicado en el que asegura que ese millón de pesos no lo ha recibido “ni en especie ni en efectivo”.
“¿Dónde quedó entonces?, se pregunta Rocha, luego de hacer notar que a Ciudad TV no sólo le rebajaron el 80% del presupuesto que tenía, sino que le quitaron ese millón y lo tiene documentado.
* El jueves es el día límite para que el Consejo de la Judicatura elija al magistrado o magistrada que conocerá del caso Rosario Robles.
Hay seis nombres en la baraja. Cristina Porras y Graciela Rocío Santes Magaña; Miguel Ángel Aguilar, Manuel Bárcena, Ricardo Paredes y Enrique Escobar.
Nos vamos a concentrar en el caso de Santes Magaña. Esta magistrada tiene casi 30 años de servicio y una hoja de servicios impecable. No actúa bajo consigna. Fue votada por el Consejo de la Judicatura antes de ser elegida por sorteo.
Pero fue recusada por el Ministerio Público con alegatos que, hoy se sabe, son falsos. El MP argumentó que está emparentada con Javier Hernández Barros, abogado de Rosario. Esa descalificación obligó, el pasado 13 de septiembre, a suspender la audiencia donde se revisaría la llamada “prisión preventiva justificada” que hoy tiene a Rosario en la cárcel.
La medida cautelar fue dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada que lleva su segundo apellido. Se la impuso por un delito que no ameritaba el encierro: ejercicio indebido de la función pública.
Ya se comprobó que no hay ningún tipo de parentesco entre el abogado y la magistrada. Javier Hernández ya renunció a la defensa de la exsecretaria Robles, aunque sólo en esta instancia.
No hay razón para que la Judicatura no resuelva que Santes Magaña deba conocer del asunto por el que fue recusada. Lo contrario levantaría suspicacias.
* Me queda claro que Alfredo del Mazo es uno de los gobernadores del PRI que mejor se lleva con Andrés Manuel López Obrador. Durante el mensaje que pronunció con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el mandatario mexiquense agradeció cinco o seis veces al Presidente distintas acciones en beneficio de los mexiquenses.
Del Palacio de Gobierno de Toluca salí convencido de que las prioridades del gobernador están alineadas con el principio obradorista: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Del Mazo dio a conocer un dato — avalado por el Coneval— que va muy en línea con lo arriba escrito: 683 mil mexiquenses han salido de la pobreza en los dos años que lleva de gobierno.
Eso coloca al Edomex en primer lugar nacional en combate a la pobreza.
