El gabinete de Seguridad del presidente López Obrador ha establecido como prioridad atacar la violencia en cinco estados del país. Según los datos que tienen, en ellos se cometen la mitad de los delitos de todo el país: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Estado de México.
Uno del PAN que está por tomar Morena, otro más del PAN, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PRI, respectivamente. Así que estamos frente a un problema que no admite partidismos.
Según fuentes de primer nivel con acceso a la información de inteligencia, el objetivo central del gobierno federal es lograr abatir los índices delictivos en esas entidades para así incidir en el índice nacional y lograr una mejor narrativa de que está teniendo éxito la lucha contra la violencia, de la mano de la Guardia Nacional.
Como parte de la estrategia, hay dos ejes que se están concretando en estos días. El primero es la determinación legal de desaparecer totalmente la Policía Federal. Aniquilarla y que todos sus elementos se vuelvan parte de la Guardia Nacional. Hay algunas resistencias al interior del gabinete presidencial, pues los mandos militares desean evaluar y capacitar a los policías federales antes de absorberlos. Van a tener que obviar este proceso en muchos de los casos, porque no hay tiempo. Entre los focos rojos destaca que, según datos del gabinete de Seguridad presidencial, 16 mil elementos fueron contratados como empleados de confianza, sin que se siguieran los protocolos necesarios. Estamos hablando de casi la mitad de la fuerza total de la Policía Federal.
El segundo eje es el impulso de una ley que impida la comercialización exprés de los teléfonos celulares. Se han dado cuenta de que uno de los grandes aliados de los más poderosos delincuentes es que pueden llegar a una tienda, comprar decenas de teléfonos celulares, no dar ni siquiera su nombre, y usarlos para un par de llamadas y destruirlos antes de que la tecnología de geolocalización pueda dar con ellos. La ley que se cocina con el Congreso tiene como objetivo que cada vez que alguien compre un aparato tenga que identificarse, y que no existan por ahí centenares de teléfonos móviles que no se sabe de quién son.
SACIAMORBOS. La Secretaría de la Función Pública primero lo defendió, luego abrió una investigación porque hubo denuncias formales. Unas horas después, el presidente adelantó el destino de la investigación: los reportajes sobre la fortuna no declarada de Manuel Bartlett son “ataques de opositores y grupos de intereses creados” porque el exsenador le está “ayudando a combatir la corrupción”. Ellos no son iguales a los anteriores, dijo el presidente, pero actuó igualito a Peña Nieto con la indagatoria sobre la “casa blanca”. Los documentos sobre Bartlett Bienes Raíces están disponibles en carlosloret.com Son eso, documentos: no son conservadores ni opositores ni atacan ni están enojados. No hay un solo dato que los desmienta.
