Afortunadamente se llegó a un acuerdo con las principales constructoras de gasoductos sin llegar a tribunales internacionales como lo anunció el gobierno hace dos meses.
El gobierno quería pleito y lo habría perdido.
Ahora el Presidente levanta los brazos cual vencedor, y el ‘club de los optimistas’ le aplaude como si hubiera alcanzado un gran logro.
No echó abajo ninguna de las dos cláusulas que impugnaba.
Lo que hizo López Obrador fue apagar un incendio que él mismo provocó, en acuerdo con parte de su gabinete.
Escuchó a los sectores más radicales de su gobierno y anunció con bombos y platillos una controversia internacional para anular dos cláusulas “leoninas” firmadas por el Estado mexicano.
Luego oyó voces sensatas y se dispuso a apagar el incendio que dos meses atrás había provocado.
Su número incendiario puso en riesgo la credibilidad de México como país donde hacer negocios, la relación comercial con Estados Unidos, con Canadá, y los acercamientos con los demócratas en el Capitolio para aprobar el T-MEC (aún en duda).
Bravo por el Presidente que se puso el traje de bombero para sofocar las llamas que él encendió.
Resulta que no eran leoninas las cláusulas con que asustaron a López Obrador, sino mundialmente aceptadas.
Se quedó la correspondiente a la propiedad del gasoducto, que el gobierno quería apropiarse (expropiar) una vez finalizado el contrato.
Por ley (Ley de Hidrocarburos) no puede haber un mismo propietario de los ductos y de la comercialización.
El gobierno quería violar su propia ley y ser dueño del ducto y de la comercialización del gas. Es una práctica internacional y está en nuestras leyes.
De llevar el pleito a tribunales extranjeros, habríamos perdido y quedado como ignorantes de nuestras propias leyes y de los convenios internacionales.
Al gobierno del presidente López Obrador, o mejor dicho a un sector de su gobierno, le pareció “leonino” aceptar que se pague el servicio de transporte de gas cuando esté interrumpido el suministro por causas de índole social: un bloqueo, plantón, boicot, etcétera.
De acuerdo con los estándares internacionales, así se estila. Y cuando se normaliza el suministro las empresas compensan lo recibido con algún servicio.
Tendremos gas barato y nos evitamos un ridículo internacional si el gobierno hubiera denunciado internacionalmente las cláusulas que según dijo eran leoninas, y deslizó la posibilidad de que fueran producto de la corrupción.
Las dos cláusulas impugnadas por el gobierno de México quedaron tal cual, y no había corrupción.
El gobierno y algunos repetirán como una victoria de la 4T lo que comunicó ayer Moody’s: “La entrada en operación de gasoductos permitirá que CFE tenga acceso cierto y sostenido a fuentes de gas, lo que apoyará a su vez el mantenimiento de tarifas competitivas para sus usuarios finales”.
Así es. Y de eso nos estábamos privando con el litigio promovido por el gobierno de López Obrador.
Le aplauden que no haya destruido el acuerdo hecho por el gobierno anterior, como amenazó.
Señala Moody’s que “entendemos que las tarifas disminuirán y que los plazos de los contratos cambian; sin embargo, el retorno de las inversiones para las empresas no tendrá impacto material”.
Eso fue lo que se logró: se extienden los contratos de transportación de gas por cinco años, luego de que los querían anular por las “cláusulas leoninas”.
Las empresas a las que iban a demandar en tribunales internacionales van a transportar un mayor volumen de gas.
Y el pago por parte del gobierno mexicano será menor en los primeros años y aumentará después.
Es decir, habrá un ahorro ahora y los gobiernos que vienen pagarán más. Así las empresas no pierden.
Pateamos el bote unos años, y no está mal.
Con los gasoductos “se brinda certidumbre a las inversiones y asegura que los proyectos seguirán avanzando”, dice la información del gobierno.
Perfecto, para eso se hicieron los contratos y los gasoductos en el gobierno anterior: para tener gas más barato.
Eso era, precisamente, lo que el gobierno actual quería destruir, por “leonino”.
En la ceremonia con el Presidente, los gestores del acuerdo, Carlos Salazar (CCE) y Carlos Slim (Carso), expresaron que “no existieron abusos ni son contratos leoninos”, como el propio mandatario los ha calificado (Milenio).
Así es que hay una buena noticia: el Presidente apagó el incendio que provocó.
Quedan otros. Varios.
