Aún no está claro si es una extravagancia local o un laboratorio del gobierno federal, pero que corra en el estado de López Obrador y bajo impulso de su fuerza política sugiera al menos un guiño del Palacio Nacional.
Diputados de Morena de Tabasco aprobaron en comisión una ley de una dureza con pocos antecedentes en el mundo democrático contra las protetas: Proponen hasta 20 años de prisión para quienes realicen marchas y bloqueos en carreteras, que perjudiquen “a terceras personas”. Un antecedente que de haberse aplicado al plantó que López Obrador realizó durante meses en la avenida Reforma, todavía lo encontraría en prisión.
Por eso llama tanto la atención del giro de crimininalización dura de la protesta social que realiza la fuerza de un hombre que a lo largo de su carrera política, simpre apoyó las protestas populares.
La presidenta de la Comisión, Julia Pardo Contreras, incluso argumentó que la sanción incluirá a quienes impidan la ejecución de obras públicas en Tabasco. Ni los exponentes más convencidos del neoliberalismo se animaron a tanto.
La legisladora del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, se opuso a la iniciativa por las desmesuradas penas y advirtió: “Quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho.
“El presidente López Obrador seguramente desconoce este atropello democrático que se quiere hacer, porque no lo permitiría, ya que él siempre reclamó el derecho a manifestarse libremente”, agregó la diputada priista.
El dictamen lo emitió la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, pero la propuesta fue enviada por gobernador Adán Augusto López, un hombre de Morena.
“Queremos una legalidad, queremos un estado de derecho, creo que ya es tiempo de ir metiendo orden. Esta iniciativa la presentó nuestro gobernador”, explicó Pardo Contreras, por si hacía falta.
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