CIUDAD DE MÉXICO.- Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideran que la actividad económica muestra una desaceleración mayor a la anticipada, con una contracción en el primer trimestre y signos de debilidad en el segundo.
En la minuta correspondiente a la última decisión de política monetaria, en la que se decidió mantener la tasa de interés en 8.25%, los miembros de la Junta de Gobierno destacaron que la economía mexicana enfrenta una serie de riesgos internos a la baja, donde destaca claramente “la orientación de las políticas públicas”.
Asimismo, uno de los miembros de la Junta señaló que “la poca claridad y previsibilidad en la dirección de diversas políticas públicas en sectores estratégicos, así como una política de gasto que ha favorecido la redistribución de recursos hacia las trasferencias sociales, a costa de inversión pública, constituyen factores que siguen minando la confianza de los inversionistas”.
Sobre las finanzas públicas, la mayoría advirtió que en un entorno de menores ingresos existe poco margen de maniobra para la política fiscal.
PRESUPUESTO
En particular, uno de los miembros indicó que los ingresos presupuestarios totales del sector público, incluyendo Pemex, CFE y otros organismos de control presupuestario directo, fueron inferiores al programa. Comentó que esta reducción fue consecuencia de una contracción en la plataforma petrolera y de reducciones transitorias en la recaudación del IVA. Además recalcó que “esto podría agravarse en caso de una desaceleración mayor a la esperada”.
Entre los riesgos para el crecimiento económico, la mayoría de la Junta de Gobierno de la entidad monetaria mencionó la posibilidad de que se presenten dificultades con la ratificación del acuerdo comercial regional T-MEC y nuevas amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos.
Por otra parte, uno de los miembros recalcó que el gasto programable reporta un subejercicio en distintos rubros y que las previsiones sugieren que los ingresos y los gastos del sector público cierren el año con desviaciones negativas con respecto a lo programado para 2019.
Ante este escenario, “es limitado el margen de maniobra del sector público para compensar los faltantes en los ingresos. Esto podría conducir a una política de aumentar el IEPS a los combustibles y/o a retiros al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP)”.
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