La liga finalmente se rompió. Fueron meses de acusaciones de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del nuevo gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron. Ningún respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la primera línea de fuego contra los criminales. Desaparecerla e integrarla al Ejército, bajo el paraguas de formar parte de la nueva Guardia Nacional, como planteó el gobierno, galvanizó la molestia que venía creciendo y que provocó este miércoles una rebelión que cambió el metabolismo en el corazón de las áreas de seguridad pública federal.
La rebelión comenzó a las cuatro de la mañana del miércoles. A las 5:08 de la mañana se emitió el primer informe a las autoridades superiores, que daba cuenta de que los policías federales que iban a salir del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para pasar exámenes de control de confianza, habían cerrado los accesos para impedir la salida o entrada de cualquier vehículo. A través de los chats de los policías federales, comenzaron a llegar los avisos de refuerzos. Los primeros salieron de la zona de San Juanico, sobre la carretera que conecta la Ciudad de México con Pachuca, donde se encuentra un cuartel de la Policía Federal y de la Gendarmería –una base policial muy grande y considerada modelo–, y bloquearon la autopista.
Una alerta, jamás confirmada, apareció en los celulares: “Compañeros ya vienen los PM (policías militares) con equipo antimotín para sacarnos… compañeros compañeros hay que apoyarlos y vienen los guachos (soldados) con antimotín no hay que hacerles caso no hay que ser militarizados ánimo ánimo”. Los reportes mostraban que la rebelión no se limitaba a los policías federales a quienes les habían quitado prestaciones, antigüedad y los habían alejado de sus familias para ser tratados como elementos de segunda clase dentro de la Guardia Nacional, sino que se estaban sumando elementos de las siete divisiones de la Policía Federal en todo el país. Sólo en la Ciudad de México hubo seis bloqueos, incluidas la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el cuartel general de la Policía Federal.
La rebelión pudo haber sorprendido a muchos, pero se venía gestando. El detonante fueron unas notificaciones que recibieron policías federales el martes, donde les informaban que a partir de la fecha del oficio estarían bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que significaba un cambio radical a sus esquemas laborales: se acababan los descansos de cinco días al mes por 25 días de trabajo consecutivo, incluidos los fines de semana. La operatividad, que era el equivalente a un bono de riesgo, de nueve mil 800 pesos, también desaparecía. Serían absorbidos por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de enero de 2020, cuando también entraría en vigor la homologación de sus salarios con los de los militares. No sabían a cuánto equivaldría porque aún no lo precisa la Secretaría de Hacienda.
Los policías federales dejarían de ser civiles y pasarían a ser militares, aunque asignados a la Guardia Nacional, que es un cuerpo paramilitar mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dio los primeros pasos para desaparecer a la Policía Federal, y sentar las bases para que, si encuentra las condiciones políticas durante su sexenio, eliminar a las Fuerzas Armadas, que serían absorbidas a esa nueva estructura que entró en vigor el domingo pasado. Las nuevas condiciones perfilaban que cerca de 30 por ciento, según circuló en los chats de los policías federales, pensaban pedir su baja, aun cuando no les dieran el finiquito.
El presidente López Obrador dijo durante la conferencia de prensa matutina que no se iba a despedir a nadie que cumpliera con los requisitos –uno muy importante es el peso, donde los militares están exigiendo dietas para reducir hasta 35 kilos– ni tampoco se iban a modificar sus prestaciones, lo que contrarrestó con la información que les habían dado a los policías federales la víspera. Pero volvió a arremeter contra los policías al asegurar que la institución “se echó a perder” al relajarse la disciplina y se cometieron abusos. El presidente incurrió una vez más en el error que llevó a esta crisis, al personalizar en los policías las deficiencias, omisiones e incluso corrupciones de algunos mandos superiores, o en la Secretaría de Gobernación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La rebelión no fue sofocada y los federales preparaban continuar este jueves la protesta con un paro nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, buscó neutralizar la rebelión con paliativos, algunos concretos –como el regreso de seguros médicos privados, que sirvieron para salvarle la vida a decenas de policías heridos en combate– y la no separación de sus familias. Poco efecto tendrán en el fondo del problema. La convicción es que los desaparecerán, que los militares aceptarán quedarse con un mínimo número de ellos y, sobre todo, que las palabras llegaron tarde. Las humillaciones, vejaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas incurables.
Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser esa la solución inmediata. Pero el daño permanece. La moral dentro de la Policía Federal es muy baja, como consecuencia del maltrato sistemático del gobierno, como lo ratificó ayer mismo el presidente López Obrador. Más allá de alcanzar un resultado favorable, no ganan él ni Durazo ni los policías federales. Esta crisis favorece a los criminales. Nadie parecer saber para quién trabaja.
