A muchos llamó la atención el giro de 180 grados en el discurso de Carlos Salazar. De ser un férreo oficialista, y empezar a sonar como el eventual candidato de la 4T para la futura elección de Nuevo León, en apenas unos días comenzó a tirar munición gruesa contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Primero se quejó por la suspensión de las licitaciones petroleras, luego cuestionó sin matices los arbitrajes que exige CFE por la construcción de los gasoductos, y finalmente llegó a decir que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco tuvo efectos muy negativos para el país. Un vuelco impresionante.
En Palacio Nacional, sin embargo, entienden que existe una razón de fondo: la discusión para una ley de etiquetado frontal que genere conciencia entre los consumidores de alimentos chatarra y bebidas azucaradas. Un tema que siempre vuelve, de una u otra manera, al Congreso de la Unión. Claro, México es uno de los países con mayores índices de obesidad del mundo.
Como explicó LPO, en Femsa monitoreaban de cerca los movimientos de Tatiana Clouthier, para muchos una empleada política de Alfonso Romo. Controlada por un anti-obradorista a ultranza como el Diablo Fernández, la empresa regia estuvo dirigida en lo operativo durante muchos años por Carlos Salazar, hoy titular de la CCE. ¿Eso explica la flamante postura opositora del vocero empresarial?
Desde hace algunos meses, Renato Sales reemplazó a Genaro Borrego como Director de Asuntos Corporativos. Se sabe que el ex funcionario de Peña Nieto guardaba algunos puentes intactos con la 4T, y podría ser de utilidad para gestionar crisis para la compañía, como la que se vive por estos días.
Según pudo saber LPO, quien tuvo que interceder en las últimas horas fue el mismo Poncho Romo, que habría solicitado la incorporación de un artículo transitorio para suavizar la ley del etiquetado. La redacción de este párrafo demuestra las presiones que se viven por estos días en Palacio Nacional.
El transitorio básicamente busca dilatar la decisión del etiquetado, creando una comisión “multidisciplinaria”, que encabezaría el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, el grupo de empresarios que comanda Romo.
También se incorporaría la Secretaría de Salud y la de Economía, con la participación de la Industria de alimentos y bebidas, y del sector académico “a efectos de que en el plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto, propongan los lineamientos para la elaboración de las disposiciones normativas correspondientes para el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas”.
Los diputados de Morena creen que semejante redacción sólo busca dilatar la decisión que, en principio se buscaba establecer directamente en el articulado de la ley. ¿Retomara Salazar la senda del oficialista con este transitorio?
