El Instituto Federal de Telecomunicaciones obtuvo, provisionalmente, el amparo y protección de la justicia en contra de la decisión presidencial de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.

El IFT no impugnó la Ley de Remuneraciones, sino al Presupuesto de Egresos, que hizo un gran recorte al presupuesto del organismo autónomo. Adicionalmente, argumentaron que en 2009 fue reformada la Constitución para que las remuneraciones de los servidores públicos no sean discrecionales, sino que se determinen con base en criterios objetivos, que sean adecuadas y proporcionales a sus responsabilidades. A diferencia de otros órganos que se concentraron en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no se consideró lo que señala la Constitución y que determinar los salarios de forma discrecional va en contra de la autonomía de los organismos.

Es previsible que los demás órganos tendrán el mismo resultado judicial en el fondo de los amparos cuando termine el proceso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proceso que podría tomar varios meses. El fondo de esta controversia no es cuánto ganan los servidores públicos, sino el cumplimiento de la Constitución y que no se afecte la autonomía de los órganos constitucionales autónomos.

Es bueno recordar que desde que inició este debate, que ahora se dirime en el Poder Judicial, el Padre del Análisis Superior le adelantó que los órganos autónomos derrotarían en tribunales esta decisión de la Presidencia de la República, puesto que viola la Constitución.

REMATE DE PERLAS

Algunos empleados de áreas técnicas de la Comisión Reguladora de Energía contactaron al Padre del Análisis Superior para compartirle algunas perlas más de los comisionados Norma Leticia Campos y Alberto Celestinos.

La comisionada no sólo les dice que les va a enseñar a pensar y trabajar, sino que, además, ella sólo con verlos sabe quién es fifí, como si fueran sus alumnos. Dice que si estudiaron en la UNAM, no son fifís, y que si no le ayudan a denostar la Reforma Energética se quedarán sin trabajo.

Celestinos se concentra en darles “lecciones” sobre la anterior grandeza de Pemex y asegura que su trabajo será devolverle la grandeza a la empresa del Estado. Lo que más les preocupa es que abiertamente diga que piensa violar la ley, al asegurar que su trabajo en la CRE es ayudar a Pemex. Comienza una era muy negra para la CRE.

REMATE EXÓTICO

Los funcionarios de la 4T que tienen que ver con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía decidieron que la mejor manera de defenderse de una resolución judicial es hacer declaraciones. Según el secretario de Comunicaciones y Transportes y el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Javier Jiménez Espriú y Fernando Bravo, respectivamente, aseguraron que no ven ningún problema porque ellos tienen otros datos. Triste que las autoridades sigan creyendo que saliva mata estudios y seriedad. Vergüenza.

Según los dichos de ayer, debe perderse casi cualquier esperanza de que los funcionarios de la 4T hagan lo correcto, es decir, revivir en manos privadas el aeropuerto de Texcoco que aún hoy sigue siendo más viable.

REMATE MATEMÁTICO

Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, dijo que el número de solicitantes de asilo en Estados Unidos que se tendría que quedar en México (más allá de las discusiones semánticas y los rollos sobre el tercer país) podría llegar a 50 mil personas y la pregunta que sigue es: ¿De dónde saldrá el dinero?

Según el Presidente de la República, de la venta del avión presidencial. Por principio de cuentas, no se puede vender en términos estrictos, puesto que se trata de un arrendamiento financiero. En segundo lugar, los costos asociados implicarán que no haya ninguna clase de utilidad y/o rentabilidad para el gobierno mexicano, en una de esas, se tendrá que poner aún más dinero.

Suponiendo sin conceder que realmente se obtuvieran los 130 millones de los que habló el Presidente, entonces saque su calculadora y multiplique el número de migrantes por seis mil pesos mensuales (cifra que comprometió el gobierno) durante por lo menos un año (generalmente las resoluciones migratorias llevan hasta tres), resulta que los números, simplemente, no cuadran.