La crisis migratoria de la semana pasada hizo todavía más graves los problemas presupuestarios para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1.- No desapareció la amenaza de los aranceles. Estados Unidos se reservó el derecho de aplicarlos en 45 días (90, según el Presidente de México) si México no pasa la revisión unilateral en materia migratoria a la que se comprometió voluntariamente Marcelo Ebrard.
Como le informaba ayer el Padre del Análisis Superior, en la Secretaría de Economía están analizando cuáles serían las reacciones espejo que tomarían en caso de que, siempre sí se aplicaran los aranceles en algún momento. Parecería que el equipo de Graciela Márquez no hubiera tenido lista la reacción en caso de que los aranceles se hubieran aplicado el lunes.
2.- Más allá del juego de los secretos y papelitos escondidos o las discusiones semánticas, es un hecho que México tendrá que dar cabida a solicitantes de asilo mientras se resuelve su situación en Estados Unidos.
El costo podría ser monumental. Para dar una idea de la magnitud: se asegura que podrían rápidamente superar los 70,000 solicitantes. Si se cumpliera la promesa de López Obrador de darles 6,000 pesos mensuales, el costo para el erario sería superior a los 5,000 millones de pesos anuales. EU tiene que gastar 145 dólares diarios por cada migrante que tiene detenido.
En una declaración equivocada durante una entrevista, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que “podrían dar trabajo a los migrantes” y hasta adelantó que el subsecretario de Empleo, Horacio Duarte, se encargará de manejar este tema. El único “detalle” es que el gobierno no crea empleos, eso le corresponde a la iniciativa privada.
3.- Las presiones para Hacienda siguen al alza. El lunes se expandió la versión de que los técnicos de la SHCP comenzaron a realizar un análisis sobre la mejor manera de encontrar espacios presupuestales para financiar el compromiso de ser el tercer país.
Se aseguró que se analizó la posibilidad de emitir deuda, sin embargo, fuentes de Hacienda aseguraron que “está prohibido” endeudarse. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó públicamente que se mantendrá el superávit primario todo el sexenio.
Por cierto, que alguien también
le explique a Mario Delgado que los legisladores no pueden hacer ajustes al presupuesto. Su trabajo consiste en analizar, aprobar y modificar el paquete económico que les envía el Ejecutivo a través de Hacienda.
En estas condiciones, el gobierno debe tomar algunas acciones urgentes que vayan más allá de los rollos voluntaristas de PonchoRomo sobre las calificadoras y el supuesto tiempo que se tiene para convencer a las calificadoras de la creación, mediante actos grandilocuentes, de la ilusión de que se obtuvo alguna clase de triunfo diplomático.
4.- Ha llegado el momento de escuchar voces sensatas como la del Coparmex, encabezada por Gustavo de Hoyos, quien le pidió formalmente al Presidente que detenga obras de poca viabilidad y muy remota posibilidad de éxito como Dos Bocas o el fallido aeropuerto de Santa Lucía.
5.- Es tiempo de comprender que la obsesión por salvar a Pemex es una gran tontería que podría dañar completamente al país.
REMATE EXPLICATORIO
El lunes, el Padre del Análisis Superior entrevistó en Imagen Radio a Carlos
Martínez. El director general del Infonavit fue especialmente cuidadoso en negar la versión según la cual el Presidente de la República habría dicho que no se desalojaría a quienes no pagaran los créditos que recibieran por parte de esa hipotecaria.
Martínez Velázquez interpretó que el Primer Mandatario
ha pedido que se tomen medidas prácticas para que la gente
se mantenga dentro de la economía formal y que se encuentren medidas para que la gente regularice sus créditos.
Hasta la administración pasada, el Infonavit tenía una gran propensión a judicializar sus procesos de cobranza. Tan sólo el año pasado gastaron 10,000 mdp en despachos de abogados, por lo menos 12% más que la institución de crédito que más invierte en cobranza extrajudicial. En tiempos de Víctor Borrás, el gasto era de 1,000 millones de pesos.
Es deseable que el director del Infonavit tenga razón en cuanto a las declaraciones del Presidente, puesto que cualquier otra cosa sería lamentable para la economía.
