Elección priista… ¿a 2020?

Apenas concluir, con su calificación, el proceso electoral del próximo  junio en cinco entidades del país, el Consejo Nacional del Revolucionario Institucional (PRI) que determinó ya seleccionar a su nueva dirigencia vía el voto directo de la militancia, deberá concentrarse en la definición de los tiempos para ello… la posibilidad de posponer su elección interna hasta el primer semestre del próximo año incluida.

Y ello, no sólo por la premura de los plazos inicialmente previstos para la expedición de la convocatoria y la organización de la votación como tal, presumiblemente en septiembre sino, esencialmente, porque nadie entre sus integrantes desconoce el (grave) riesgo que, en sus actuales condiciones, implicaría para el priismo ir a las urnas sin un padrón confiable, debidamente depurado y avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que garantice la transparencia y credibilidad del ejercicio.

La sola posibilidad de ir a la elección de quien habrá de suceder a Claudia Ruiz Massieu en la presidencia, del otrora partido único, utilizando el viejo padrón —con 6.5 millones de potenciales electores— o, en su defecto, la base de miembros del listado en proceso de depuración —con algo más de medio millón ya confirmados al cierre de junio— parece un despropósito que igual preocupa a la totalidad de quienes hasta ahora se han postulado para buscar la posición.

De ahí que, ratificado ya el acuerdo de que la elección de una nueva dirigencia nacional se haga vía consulta directa a la base y que, finalmente, sea la propia estructura partidista la que cargue con el esfuerzo de organizar y llevar a término el proceso, más de uno entre los liderazgos de mayor peso al interior del tricolorhayan comenzado a valorar la posibilidad de ampliar los plazos para posponer, hasta tener el “nuevo padrón” —al cierre de enero ofreció el INE tener listo el de todos los partidos— la convocatoria respectiva.

Y todo, además de cuidar con ello las finanzas del partido, ya hoy bastante comprometidas como resultado del proceso de impugnación de poco más o menos 10,000 supuestos militantes que, en cifras gruesas, podría derivar para el PRI en la obligación de asumir multas por poco más de 450 millones de pesos, más lo que pudiera acumularse en los meses por venir.

Nada, es verdad, se hará hasta que haya concluido el proceso electoral en marcha: hoy, sin embargo, las negociaciones y presiones para evaluar con seriedad la opción del diferimiento están en marcha.