La figura del gatopardismo, o sea “cambiar todo para que las cosas sigan iguales”, es lo que menos desea ver la ciudadanía en asuntos realmente sensibles, como la violencia, inflación, carestía de la vida y en general la economía nacional.
Hasta ahorita, no se ven los prometidos cambios.
En el tema violencia Alfonso Durazo, que ofreció primeros resultados en 180 días, se juega su resto político en la tarea.
Y en Sonora David Anaya, secretario de Seguridad Pública, se encuentra en las mismas condiciones.
En Hermosillo el jefe de la policía, al que muchos ya ven como próximo desempleado, está en la misma ruta.
Todos están bajo la lupa ciudadana.
La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien se vendió como una justiciera inflexible, de cero tolerancia, al parecer pronto se cansó de escudriñar en todos los rincones de la administración elementos probatorios de la probable corrupción en el gobierno del Maloro Acosta.
Se suponía que había mucha tela de dónde cortar.
Claro, antes se tenía que investigar y probar la comisión del delito.
Pero la obligación era y es castigar si se prueban delitos.
Empero, da la impresión que doña Célida se cansó el brazo de lanzar en las primeras entradas del partido.
Aquí aplica mejor que nunca la figura del gatopardismo.
Nada de qué asustarse.
Así es la política.
Ooooootra vez la población como rehén de transportistas
Una vez más la población hermosillense quedó como rehén de los intereses de los transportistas urbanos que se resisten a dejar la plaza sin ofrecer pelea.
Pero el dejar sin servicio a los usuarios, no es la forma de presionar a las autoridades.
Si para ellos la actividad dejó de ser negocio, simple y sencillamente que dejen el servicio a los que vienen.
A manera de contexto debemos recordar que el 7 de octubre pasado el gobierno estatal requisó unas 200 unidades a los concesionarios de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa). El motivo: Incumplimiento de compromisos con el usuario.
Por esa razón y ante la entrada de dos nuevas empresas para la operación del servicio, un grupo de concesionarios del transporte urbano y algunos choferes de camiones impidieron la salida a circulación de las unidades del centro de pernocta.
La demanda: El pago de 40 millones de pesos por medio año, por concepto de rentabilidad.
Ajá, sí cómo no.
En libre traducción eso significa que las ganancias en seis meses asciende a 40 millones de pesos para 200 unidades.
Y luego dicen que la actividad no es negocio.
Qué tal si lo fuera.
Al final el servicio se brindó a un 60 por ciento de la capacidad.
Como siempre, el usuario es el principal afectado.
Ya basta.
Si no entienden con palabras, que venga otra requisa y se aplique la ley sin contemplaciones.
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