Que el presidente quiera aplicar su muy personal idea de lo justo, por encima de la ley escrita, ya no es una posibilidad remota o un vaticinio alarmista, pues lo está haciendo con la reforma educativa.

Con su sola firma, para abajo la aprobada en el sexenio anterior, y entran en vigor las leyes reglamentarias y ordenamientos constitucionales que regían antes de ser abrogados por el Congreso en el año 2013.

De prosperar ese memorándum enviado por López Obrador a los secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación, la firma del presidente estará por encima de las disposiciones legales que norman nuestra vida en sociedad.

La Constitución no regirá para México, sino el particular concepto que su presidente tiene de qué es justo y qué no con respecto a determinado tema.

Tampoco las leyes reglamentarias tienen razón de ser, pues sobre ellas se encuentra lo que el presidente considera que está bien o que está mal.

Si no se frena ese memorándum, los mexicanos tendremos un supremo intérprete de la ley por encima de las instituciones.

En algunas naciones ese personaje recibe el nombre de Ayatola.

El 1 de julio los mexicanos elegimos a un presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes durante los cinco años y diez meses que durará su mandato.

Pero el martes de la semana pasada emitió un memorándum que lo perfila como un dictador.

A un lado la Constitución y para abajo las leyes: la idea que tiene el presidente de lo que es justo está por encima de ellas.

Anulados quedan los diputados y senadores.

Las leyes que aprueben y los cambios constitucionales que hagan los legisladores carecen de validez si se contraponen a lo que el presidente cree que es justo y los desecha con un simple memorándum.

El Poder Judicial, cuando aplique la ley, podrá ser doblegado por el presidente en caso de que considere que alguna sentencia es legal pero no es justa.

¿Qué razón de ser tendrá la Suprema Corte, cuando el intérprete último en materia de justicia es el presidente?

Estamos parados bajo el pórtico de una dictadura: un paso más y las creencias, ideas, fobias o dogmas del presidente valdrán más que lo establecido por la Constitución.

Desde siempre en la historia ha existido la tensión entre lo que a uno le conviene hacer y lo que debe hacer. Para resolver esas frecuentes contradicciones está la ley.

Fernando Savater, en su libro La aventura de pensar, sugiere recurrir a Kant cuando nos encontremos en esa disyuntiva. Y lo que el gran filósofo prusiano decía es que al decidir pensemos que nuestro acto se convierte en ley universal.

Por ello, lo correcto es lo que debo hacer, y nada más.

Si al presidente le conviene quedar bien con la CNTE, que es su aliada política y compañera de muchas batallas, pero debe aplicar la Constitución porque juró cumplirla y bajo ese juramento está cimentada la legitimidad de su mandato, no debe dudarlo: primero es la ley y nada por encima de la ley.

Tomó el otro camino: hizo lo que le conviene, por su alianza con la CNTE o porque genuinamente lo considera más justo.

Ese principio de actuación se universaliza: de ahora en adelante todos podremos hacer lo que nos convenga, o creamos que es más justo, sea legal o no.

Y lo podremos hacer con mayor facilidad si somos aliados del presidente.

Por ejemplo, si un grupo político radical, compañero de luchas de Andrés Manuel López Obrador, considera injusto que tal o cual empresario fifí tenga demasiadas radiodifusoras mientras ellos no tienen ninguna para lanzar sus proclamas, podrán tomar y apropiarse de una de ellas, o de varias.

No es legal, pero la justicia está por encima de la ley, podrán decir, citando al presidente, y a ver quién los saca.

O los trabajadores de una panificadora podrán apropiarse de ella, ya que la compañía –propiedad de ‘conservadores’– tiene muchas fábricas de panes y ellos, que hacen el pan, sólo poseen un salario que les alcanza para muy poco.

Es ilegal tomar la panificadora –o una cervecera, fábrica de pinturas o empacadora de carnes–, pero de acuerdo con su manera de ver el mundo y su situación particular, es justo hacerlo.

¿Ahora entendemos por qué se permite tomar casetas de autopistas y cobrar la cuota a grupos políticos?

¿Ahora entendemos por qué se permitió a un grupo de pobladores de Tláhuac linchar y quemar vivos a agentes federales que investigaban narcomenudeo cuando AMLO era jefe de Gobierno?

¿Ahora entendemos para dónde vamos?

El presidente ha dicho que su deseo (su idea de la justicia) está por encima de la ley en materia educativa y ha actuado en consecuencia.

¿Qué es lo justo? Lo que él tiene en mente.

En ese umbral estamos parados.

O nos vamos a la dictadura de ‘los justos’ que hoy están en el poder, o reforzamos nuestro débil Estado de derecho que es lo único que permite convivir de forma más o menos civilizada.