ENSENADA, B.C. (apro).- El asesinato esta mañana del pescador Enrique García Sández a manos de elementos de la Marina en el puerto de San Felipe, Baja California, es el colofón de un problema social, económico y criminal que se gestó hace una década con el tráfico ilegal e impune de totoaba al mercado asiático, y se agravó con la puesta en marcha del programa del expresidente Enrique Peña Nieto para salvar de la extinción a la vaquita narina, en el invierno de 2015.

García Sández, de 37 años, fue herido en el cráneo, brazo y pierna en la mañana durante un altercado con una patrulla de marinos. Falleció en el hospital del Seguro Social a donde fue llevado por conocidos a bordo de un automóvil.

Videos que circulan en redes sociales, muestran a un iracundo grupo de personas gritando contra los elementos de la Semar. Sobre la caja de una camioneta, un hombre yace con diversos impactos mientras se produce una escaramuza:

–¡Mataron al Kiki! ¡Mataron al Kiki, una ambulancia! – se escucha en la grabación de 2 minutos de duración.

Hasta el mediodía se desconocen las causas de la agresión y tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), como la Secretaría de Marina (SEMAR) emitieron comunicados en donde expresan que ya investigan.

En respuesta a la presunta agresión de los marinos, pescadores ribereños de San Felipe -195 kilómetros al sur de Mexicali, capital de Baja California- se presentaron a las instalaciones de la Marina en el puerto en protesta y quemaron un vehículo. La fiscalía estatal dijo que detuvo a tres personas por esos acontecimientos.

El incidente se da en el contexto de una movilización de más de dos mil pescadores ribereños que el pasado 23 de marzo decidieron romper unilateralmente la veda que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso en el Alto Golfo de California para salvar a la vaquita marina y acabar con la pesca ilegal de totoaba.

Ambos objetivos fracasaron porque expertos de la organización ambiental Greenpeace dijeron en enero pasado que quedan menos de 15 marsopas, conocidas en la región como “cochito”, y el tráfico de buches del pez al mercado oriental logró utilidades récord en 2018: de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, entre 150 mil a 200 mil millones de pesos.

Los pescadores ribereños rompieron la veda porque tienen más de 110 días sin recibir el apoyo que Peña Nieto implementó para compensar la veda pesquera comercial en el Alto Golfo de California, y porque no fueron consultados por el nuevo gobierno federal para la creación y puesta en marcha del Programa Integral para la Sustentabilidad Pesquera en el Alto Golfo de California.

Además, la ratificación de Pablo Arenas Fuentes en el cargo de Director General del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), hecha por la nueva administración federal, fue la última provocación que soportaron los pescadores ribereños que trabajan en la región.

“El gran problema de este gobierno fue haber recogido basura de la administración anterior, como Pablo Arenas. Lo digo públicamente porque el INAPESCA no ha sido nada más que el tendón de Aquiles de los pescadores. Es quién nos ha mantenido fuera del agua, es quien ha mentido, A ellos les deberían de hacer una auditoria, no al sector pesquero, no a los pescadores, para que se den cuenta de los millones que ha tirado ese Instituto en proyectos y programa fallidos”, comentó en rueda de prensa Sunshine Antonio Rodríguez, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe y preso hace un año por su activismo a favor de los pescadores.

Esta organización, al igual que la que preside Lorenzo Guadalupe García Carrillo –la Federación de Pescadores Ribereños del Puerto de San Felipe- y otras cooperativas ribereñas del Golfo de Santa Clara (Sonora), tomaron la decisión de salir a trabajar el 23 de marzo. No fueron molestados por la Marina, la Profepa y la Policía Federal.

De hecho, el martes 26 de marzo, en su estancia en Sal Luis Río Colorado, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó públicamente que atendería el problema de los pescadores del Alto Golfo, pero no dio mayores detalles del apoyo que les brindaría su administración.

En promedio, cada pescador de la región en veda (permisionarios y cooperativistas ribereños) recibía entre ocho mil a nueve mil pesos mensuales durante los dos años que originalmente duraría la veda, pero los beneficiarios de ese programa, que se estimó entre dos mil 200 a dos mil 500 personas, denunciaron que era común que los pagos se retrasaran, se desviaran o simplemente no cubrían las necesidades de los pescadores.

Y hace un mes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en la entrega de compensaciones en el hábitat de la vaquita marina por un monto de 7 millones 228 mil pesos, que incluyó pagos a personas fallecidas, gente que no vive en la zona, habitantes de las comunidades que ni siquiera tienen permisos de pesca y apoyos duplicados.