A Peña Nieto le debemos que López Obrador sea hoy Presidente. Nadie trabajó con tanto ahínco para lograr este objetivo. No sólo por los graves errores y la corrupción que caracterizaron a su sexenio, sino también por haber sacado del camino, a la mala, abusando de su poder, al candidato que estaba creciendo en las encuestas, Ricardo Anaya, y que podía alcanzar al favorito, AMLO.
Desde el día uno en que tomó posesión como Presidente, López Obrador le agradeció a Peña por no haberse metido en las elecciones de 2018. Es cierto: no se metió en contra de él. Pero sí lo hizo, burda y groseramente, en contra del candidato del Frente del PAN, PRD y MC.
Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, AMLO iba arriba en las encuestas; el segundo lugar se lo estaban disputando Anaya y el candidato del PRI, José Antonio Meade. En enero, sin embargo, Anaya comenzó a crecer y despegarse. Tenía una clara tendencia al alza. Fue, entonces, en febrero, que el gobierno de Peña y el PRI comenzaron a atacarlo por la presunta compra de un terreno que luego vendió como nave industrial logrando un importante rendimiento. Con toda la mala leche posible, se filtró la noticia de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo estaba investigando por un presunto delito de lavado de dinero.
Amenazado, Anaya contraatacó prometiendo que, de ganar, metería a la cárcel a los miembros del gobierno que hubieran cometido actos de corrupción, incluyendo al presidente Peña. El enfrentamiento escaló. Hubo voces en el gobierno peñista y la campaña del PRI que recomendaron el encarcelamiento de Anaya para sacarlo definitivamente de la contienda.
No lo hicieron porque, hoy sabemos, la PGR no tenía pruebas. Todo fue una movida política para desacreditar a Anaya. Ayer, Reforma informó que la PGR exoneró al excandidato presidencial. La denuncia de presunto delito de lavado de dinero la había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que hasta noviembre de 2017 había dirigido Meade. “Fechado el 28 de noviembre de 2018 —dos días antes de que concluyera la gestión de Peña—, el expediente del caso que golpeó las aspiraciones del político queretano consignó la definitiva absolución”. Nunca existieron “datos de prueba suficientes, aun de manera circunstancial, que permitan acreditar el hecho con apariencia de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. En conclusión: “Los recursos operados tienen su origen y destino en actividades lícitas, pues es claro que éstos se encuentran sustentados en diversos ingresos propios de su actividad económica inmobiliaria y un crédito bancario”.
Si uno observa la serie del Modelo Poll of Polls de oraculus.mx es muy claro que el evento más importante de la campaña presidencial fue el ataque a Anaya. La ofensiva funcionó: el panista dejó de crecer en las encuestas. Pero no fue el candidato del gobierno, Meade, el que se benefició con el frenón de Anaya, sino López Obrador, quien se consolidó como el candidato favorito. Ya nadie lo paró.
Todavía en vísperas de la elección de julio, apareció un video donde el hermano del empresario Manuel Barreiro, presunto socio lavador de Anaya, confesaba una triangulación de recursos para la campaña de éste. A esas alturas, ya era casi seguro que AMLO ganaría la elección: le llevaba más de 20 puntos porcentuales al segundo lugar. ¿Por qué Peña seguía atacando a Anaya? Muchos piensan que existía un pacto entre Peña y AMLO. A cambio de apoyar la victoria de AMLO, Peña no sería perseguido judicialmente como, de hecho, prometía abiertamente el tabasqueño. La exoneración de ayer de la PGR le da mayor credibilidad a esta hipótesis.
Es un hecho: Peña abusó de su poder. A la mala, usando a la UIF y la PGR, sacó de la carrera presidencial a Anaya y le entregó, en bandeja de plata, las llaves de Palacio Nacional a López Obrador.
¿Y ahora, ex post facto, qué va a pasar?
Nada porque en este país los gobernantes pueden abusar de su poder sin consecuencias. No es la primera vez que esto sucede. En 2006, la PGR de un gobierno panista se lo había hecho al candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI, Arturo Zamora. En 2017, la PGR de Peña también se la hizo a la candidata a gobernadora del PAN en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota. Ambos tenían buenas probabilidades de ganar, pero acabaron perdiendo. Luego, la PGR se desistió de perseguirlos judicialmente.
En pleno siglo XXI, México está lejos de tener un auténtico Estado de derecho. Persisten, como en el siglo XIX, gobernantes que abusan de su poder arruinando, sin pudor alguno, carreras profesionales por motivos políticos.
Twitter: @leozuckermann
