El primer anuncio, que acaso sirvió como una advertencia para forzar una mesa de negociación, generó una fuerte incertidumbre en los mercados e incluso una caída importante en la bolsa. Pero con el correr de las semanas, Ricardo Monreal encabezó una mesa de pláticas con los banqueros que ayer por la noche culminó con un pre-acuerdo para bajar las comisiones bancarias.

El proyecto preliminar se envió el martes por la noche a todos los altos directivos bancarios, y ayer jueves por la tarde se reunieron todos los actores que integraron esta negociación para ultimar detalles. Por la parte estatal, estaban representantes de Hacienda, Condusef, Cofece y Banco de México. También los directivos de la Asociación de Bancos.

En efecto, esta tarde se filtró el audio con un fragmento de la reunión, en donde se escucha al Presidente Ejecutivo de la ABM, Alberto Gómez, decirle al líder de la bancada de Morena que están todos los elementos sobre la mesa para lograr un acuerdo muy rápido. El objetivo es que el próximo martes haya una respuesta final de los bancos, para aprobar un dictamen esa misma semana.

Hay que recordar que la idea de AMLO es presentar esta ley como un caso de éxito en Acapulco, como anticipó semanas atrás en exclusiva LPO. El Presidente -que iría con Carlos Urzúa- quiere mostrar un rostro más amigable después de su última visita a la Convención de 2018, cuando tuvo un discurso muy duro contra los financieros en plena campaña.

Pero, ¿qué dice el borrador del proyecto? Básicamente apunta a bajar el impacto de las comisiones en un segmento bancarizado de la población que llegaría hasta 60 millones de mexicanos. “La novedad es que ya no hay ningún tipo de control de precios, sino una estimulación a la competencia entre las entidades financieras”, explicó Juan Garay, asesor externo en temas financieros de la bancada de Morena.

En la negociación se llegó a un primer acuerdo para que las comisiones bajaran sin la necesidad de fijar límite de precios -afectar la libertad del negocio era lo que más había incomodado de la propuesta original-, sino estudiar los hábitos del segmento medio-bajo y bajo de la población mexicana, para construir un producto con esa información.

El elemento más destacado del proyecto es que propone la creación de una cuenta de ahorro que pone como techo los 3,000 UDIs mensuales -equivalente a unos 18,000 pesos aproximadamente-, producto que tendría cero comisiones en la mayoría de sus servicios.

Los primeros tres retiros de efectivo de cajeros -sea o no sea en un ATM de su banco- y los primeras tres transferencia tipo SPEI, serían sin costo.

“La enorme mayoría de este segmento de población no hace más de dos retiros y dos transferencias”, explicó Garay a LPO. Tampoco se cobrarían comisiones punitivas -que obligan en muchos casos a tener un saldo mínimo en la cuenta- ni tampoco comisiones por la apertura.

De allí para arriba habrá libertad para cobrar las comisiones como se venía haciendo. “Sin contabilizar la economía informal, la población que tiene ingresos por debajo de 18,000 pesos es cercana al 90% de México. De ese tamaño de impacto hablamos”, concluyó Garay.

No es el único punto del proyecto. Tiene un capítulo entero dedicado a la transparencia. Entre otras cosas, se intentará que los bancos expongan las cosas de una manera más clara para el cliente, desde el tamaño de los textos, sus colores y el orden de presentación de los datos en las ofertas de productos, hasta el reacomodamiento de las más de 5,000 comisiones bancarias en un nuevo listado mucho más limitado por el Banco de México.

También tendrá un capítulo entero a la movilidad: la idea es facilitar las solicitudes de cambio de instituciones de parte de los clientes. La ley establecerá ese proceso y fijará límites de tiempos para que los clientes puedan cambiar de banco rápidamente.

Se fijará por ley que todas las cuentas bancarias utilizada para programas sociales federales no podrán cobrar ningún tipo de comisión sobre el recurso del programa. “Esto responde a una exigencia explícita de López Obrador, quien pidió que la totalidad del dinero que se entrega llegue a manos del beneficiario”, explicó un senador moreno.

Por último, se trabajaría en una plataforma para fomentar la competencia de productos bancarios. El sistema de buró de crédito -cuando así lo autoricen los usuarios- podría conseguir directamente ofertas de créditos hipotecarios desde las instituciones bancarias, ajustada al comportamiento financiero del cliente. El usuario ya no tendría que recorrer las oficinas de los bancos, y las instituciones más pequeñas podrían ofertar a un caudal más amplio de clientes.

Alejandro Rojas Diaz Duran, jefe de asesores de Ricardo Monreal, y Aliza Chelminsky, del Centro de Estudios Gilberto Bosques, esperan recibir un último pedido de los banqueros: un transitorio que les entregue un período -que podría ir de 90 a 120 días- para empezar a implementar estos cambios.