El inicio de la nueva administración federal está marcado por una serie de decisiones que han generado controversia e incertidumbre. Es cierto que todo cambio de administración abre espacios, tanto para el aprendizaje del nuevo equipo como para la adaptación de los agentes económicos a las nuevas circunstancias. En esta ocasión, sin embargo, la magnitud de estos cambios nos ha dejado un tanto perplejos.

Las decisiones previas a la toma de posesión y posteriores a la elaboración del Paquete Económico generaron muchas dudas sobre las intenciones del nuevo gobierno. En el caso del Presupuesto de Egresos de la Federación, desde la presentación del proyecto y al momento de su aprobación, se escucharon voces que apuntaron los riesgos de cortar de tajo una serie de programas gubernamentales, que dejaron un saldo de proyectos inconclusos con afectaciones a diversos grupos y comprometiendo costos financieros imprevistos en el futuro.

Destaca que, así como se eliminaron programas públicos y se recortó el presupuesto a programas emblemáticos, los recursos liberados se concentraron estrictamente en los proyectos del presidente, sacrificando programas de varias dependencias del Ejecutivo federal.

En los próximos meses tendremos más evidencia para valorar las implicaciones de estos recortes y su reasignación; por lo pronto, el balance general de los movimientos presupuestales preocupa en más de un sentido.

De los programas públicos existente en 2018, se eliminaron 31 programas de subsidios que por sus características representaban mecanismos de entrega de recursos directos o la generación de bienes y servicios públicos para grupos específicos de la población. De estos programas, 14 estaban sujetos a reglas de operación y 17 se operaban sin reglas y bajo esquemas discrecionales de distribución.

Ahora bien, para operar los programas presidenciales, en 2019 se crearon 20 nuevos programas presupuestarios, de los cuales uno está sujeto a reglas de operación y los 19 restantes se construyeron bajo la categoría de subsidios sin reglas.

El cambio hacia la discrecionalidad es significativo. Mientras que en 2018 el gasto ejercido en subsidios fue de 554 mil millones de pesos, donde el 52 por ciento se asignó a programas con reglas de operación y 48 por ciento a programas sin reglas, para 2019 el monto aprobado es de 630 mil millones de pesos, pero la relación se modificó a 41 por ciento del presupuesto para programas con reglas de operación y 58 por ciento sin reglas.

La bolsa de recursos asignada a los subsidios que se ejercerán sin reglas asciende a 365 mil millones de pesos, lo que representa el presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública, o el 40 por ciento del presupuesto de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), esto es cerca del 10 por ciento del gasto programable.

De los nuevos programas sin reglas de operación, la Secretaría del Bienestar ejercerá 123 mil 500 millones de pesos entre pensiones para adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad permanente y sembrando vida. Le siguen la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural con 37 mil millones para productores, créditos ganaderos, fertilizantes, precios de garantía y el impulso de agromercados; la Secretaría del Trabajo con 40 mil millones para jóvenes desempleados; la Secretaría de Educación Pública con 23 mil millones para las 100 universidades y becas para jóvenes, y la Secretaría de Economía con tres mil millones de pesos para microcréditos para el bienestar.

A la fecha, sólo cinco de los 19 programas que otorgan estos subsidios cuentan con ‘lineamientos’ en los cuales se establecen las características mínimas de operación, cobertura, definición de población objetivo y entrega de recursos; sin embargo, no establece los elementos periódicos de seguimiento, evaluación, control y fiscalización.

La mayoría de los apoyos de los nuevos programas se otorgan directamente a los beneficiarios; es decir, sin intermediarios, a razón de que de esa manera, dicen, se evade la corrupción; sin embargo, al ser programas no sujetos a reglas de operación, no se asegura que la aplicación de los recursos públicos se realice conforme lo establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De acuerdo con los objetivos de los programas, la estrategia de política pública va dirigida al apoyo asistencial de diferentes grupos de población considerados vulnerables: jóvenes en edad escolar, jóvenes en edad productiva, adultos mayores, sujetos agrarios, pequeños productores pecuarios, personas con discapacidad o pequeños comerciantes, con el propósito de contribuir a mejorar su bienestar socioeconómico. Pero en todo ello no parece haber una política que garantice derechos humanos universales, tampoco transparencia, evaluación de sus resultados e impacto.

A tres meses del inicio del gobierno federal, así se ven los programas prioritarios. 365 mil millones de pesos, ¿para el bienestar o para las nuevas clientelas del partido en el poder?