“La transparencia es la regla de oro de la democracia”. Así abrió la mañana de este viernes su conferencia matutina el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue dedicada casi en su totalidad a especificar los puntos en los cuales se ha ordenado abrir los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal para que el público ciudadano e investigador pueda tener acceso a los documentos de espionaje e inteligencia en México.
Un asunto que ha sido tratado como delicado en los últimos minutos, e inclusive el mismo mandatario ha considerado que esta acción podría comenzar a generar denuncias de víctimas, destacando que todo procederá solo en caso de existir la voluntad de denunciar y si las pruebas son válidas tratándose de actos vigentes.
Sin embargo, destacó, que “lo importante aquí es decir que vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades, que perseguían a luchadores sociales, que etiquetaba, estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen. No todo lo que ahí se dice es cierto: hay muchos inventos, acomodaban la información a conveniencia”.
El Subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, informó en Palacio Nacional que la conformación de estos documentos data de muchas décadas y es parte de un acervo histórico de la Nación, prácticamente desde 1918, en la época del presidente Venustiano Carranza hasta llegar a la creación de la Dirección Federal de Seguridad surgida en 1948 y el Cisen desde 1989.
Con esta orden, las dependencias federales, órganos administrativos desconcertados y entidades de la Administración Pública deberán transferir los documentos al AGN en un plazo no mayor a 30 días. Dicha apertura, señala Robledo, se hará mediante un proceso de digitalización para lograr concretar este derecho a la memoria histórica del país.
Transparentar es la jugada que en los últimos días ha colocado López Obrador en la agenda nacional. Este es el primer caso de muchos en los que ordena liberar información que normalmente se encuentra resguardada por el Ejecutivo federal, tal como fue el caso ayer de la liberación de audios en la caída del helicóptero que concluyó con la trágica muerte de la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle.
