Desde hace dos años, todo apuntaba a que uno de los casos de pederastia que más indignó a México iba a quedar enterrado entre los cientos de miles de expedientes sin resolver. Que los cuatro jóvenes, acusados de violar a una menor de edad en Veracruz, Los Porkys, hijos de familias adineradas e influyentes en un Estado colapsado por la corrupción y la impunidad, conseguirían esquivar el juicio. Pero este miércoles, el Consejo del Poder Judicial ha decidido destituir al primer juez que en 2017 emitió un amparo para proteger a uno de ellos, a Diego Cruz —extraditado por España para que enfrentara su proceso en México—. Y la presunta violación de la menor Daphne Fernández ha saltado de nuevo a la opinión pública.
En marzo de 2017, el magistrado Anuar González Hemadi se convirtió en el enemigo público de México. La decisión de emitir una sentencia favorable para Los Porkys lo enfrentó a todo un país, que siguió el caso de la joven Daphne como si se tratara de su vecina, su hermana o su hija. Lo que más irritó no solo fue el fallo, sino la justificación que dio el juez para ampararlo. González falló que Diego Cruz (uno de los cuatro acusados) no había abusado de la menor, pese a reconocer que sí le tocó los senos, que sí estuvo presente cuando le metieron la mano por debajo de la falda y estuvo en el momento de la presunta violación posterior por parte de uno de sus amigos. Pese a todo, el juez interpretó que no existió una intención “lasciva” ni que Cruz tuviera la intención de “copular”, porque el supuesto agresor no “expresó palabra alguna” sobre ello. Por tanto, concluyó que no consideraba lo sucedido como un acto sexual, sino un “roce o frotamiento incidental”. Este último punto prendió la mecha de la indignación civil y, en medio de una oleada de críticas contra la sentencia, el órgano de control judicial decidió esos días suspender al juez y revisar con lupa todo su trabajo anterior.
Este miércoles ha sido apartado definitivamente de su puesto por corrupción. Pues, según un comunicado difundido por el órgano de control judicial, se observó que las decisiones de este juez pudieron haber estado sujetas a “intereses particulares o económicos”. “No se tolerarán actos de corrupción ni negligencia inexcusable, sobre todo en delitos sexuales contra las mujeres y menores de edad. Demuestro con hechos mi compromiso en la transformación del Poder Judicial de la Federación”, ha manifestado a través de Twitter, el Presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Horas antes de que el Pleno del Consejo tomara la decisión de destituirlo, el propio González comunicó que se encontraba “impedido” de continuar revisando las peticiones de amparo del resto de acusados del caso de Los Porkys pues había sufrido un “linchamiento social” que lo había puesto en una situación “vulnerable” como juez.
No es la primera vez que la presión social acelera la maquinaria de Justicia del país en el caso de Los Porkys. De hecho, fue así como después de un año de silencio administrativo, se reabrió en 2016 la denuncia de violación que había permanecido archivada en la Fiscalía veracruzana desde 2015. En ese momento los cuatro jóvenes ni siquiera se les conocía como los Porkys.
El caso se remonta a enero de 2015. A principios de año, cuatro jóvenes apodados Los Porkys de la Costa de Oro salieron de fiesta en el Puerto de Veracruz. Todos hijos de familias adineradas de la zona —uno de ellos es hijo de un exalcalde— se subieron a un Mercedes recién estrenado y obligaron a una menor de edad a acompañarles. Ella era Daphne Fernández y según su testimonio, en la parte trasera del coche dos abusaron de ella. Después, llegaron a la casa del cabecilla y ahí fue violada, según su propio testimonio. Dos años después, uno de ellos, Diego Cruz, fue absuelto.
Se dieron a la fuga cuando el escándalo alcanzó altas cotas de indignación en 2016. Después de la filtración de un vídeo donde confesaban su responsabilidad en lo ocurrido y ante la pasividad de las autoridades, al menos dos de ellos salieron por la puerta grande del país. Un año después de la denuncia, no existía ninguna orden de detención en su contra. La presión social aceleró la maquinaria de Justicia del Estado, que emitió una orden de detención y pidió a la Interpol una orden de busca y captura fuera de las fronteras mexicanas.
Enrique Capitaine fue el primero en caer. Cabecilla del grupo e hijo del exalcalde de Nautla (Veracruz), está acusado de violar a Daphne, que en ese momento tenía 17 años. Estaba escondido en Torreón (Coahuila, al norte de México) cuando fue detenido en mayo del año pasado. Diego Cruz fue el segundo. Fue capturado en Madrid en junio de 2016 por la Interpol mientras salía de fiesta con unos amigos. Y después de meses de batallas legales en España para intentar frenar su extradición, la Audiencia Nacional decretó que fuera entregado a México. Dos meses después, la misma Justicia que pidió su captura, decretaba su absolución.
De los cuatro jóvenes implicados en la violación sólo dos están en manos de las autoridades. Capitaine y Cruz. Capitaine ha recibido dos amparos favorables que contradicen la acusación y Cruz consiguió uno que pedía la liberación inmediata.
Gerardo Rodríguez, que iba de copiloto en el coche donde comenzaron los abusos, recibió un amparo desde el inicio al considerar el juez que, pese a haber estado presente en el momento de los hechos, no participó en ellos. El cuarto, Jorge Cotaita, está prófugo y enfrenta una acusación por pederastia. Era el que iba con Cruz en la parte trasera del coche y a quien la víctima lo señala directamente como el que le “introdujo los dedos en la vagina”.
