Del total de presos en cárceles federales, poco menos de la mitad está en las 13 prisiones administrados por el Estado. La otra mitad está recluida en ocho penales privados, el sistema creado por el gobierno de Felipe Calderón en 2010, cuando la guerra contra el crimen organizado disparó el número de detenidos por delitos federales.

A poco más de seis años de aquel plan que prometía bajar de 690 a 230 pesos el costo diario por preso, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, encontró una realidad distinta.

“El presupuesto actual de este órgano oscila entre los 2 mil millones de pesos, pero 80 por ciento se va en pago de los ocho Ceferesos privados”, aseguró.

De modo que con el 20 por ciento del presupuesto restante, el órgano debe administrar las otras 13 cárceles federales a pesar de que tienen una población de tamaño similar.

La disparidad entre lo que se gasta en los Ceferesos públicos y privados tiene una explicación, según Garduño Yáñez: “El monto de la inversión que hicieron los gobiernos anteriores estuvo correcta, solamente que el modelo no porque se privatizaron las prisiones y entonces es un modelo neoliberal (al que) ya nada más le faltó privatizar el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República”.

El proyecto del gobierno calderonista, seguido luego por Enrique Peña Nieto, tuvo una inversión de 4 mil millones de pesos para la construcción de penales federales privados en Sonora, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Michoacán y Chiapas.

Se debe cumplir con ese proyecto que generó lo que se conoce como Contratos de Prestación de Servicios, los cuales tienen ahogado al presupuesto del sistema penitenciario federal, lamentó el comisionado.

“Nosotros tenemos los custodios, las reglas, las políticas y el sistema de seguridad. Lo que pagamos a los privados es la infraestructura, la instalación la tecnología. ¿El problema? Son contratos a 25 años”, explica el funcionario.

LA INVERSIÓN

Empresas como ICA, Homex, Prodemex, GIA y Tradeco, entre otras, obtuvieron las licitaciones y el gobierno paga una cuota fija para que, al término del contrato, las prisiones pasen a sus manos.

“En este caso es oneroso el costo, pero con contratos multianuales, contratos bien amarrados que finalmente ahí está la inversión”, añadió Garduño Yáñez.

En las 21 cárceles federales hay 18 mil 186 presos, 14 mil 852 del fuero federal y 3 mil 334 del común. Del total, 54 por ciento se ubica en las privadas y el resto en las de modelo tradicional, de acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados presentado en 2017 por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

En ese mismo informe, basado en un reporte estadístico de la Secretaría de Gobernación, son los penales construidos con capital privado los más poblados.

Además de esa disparidad, añadió, “llego y me encuentro con 80 camionetas blindadas con un costo de 5 mil pesos diarios. Finalmente lo que me interesa es que los Ceferesos estén bien, entonces hay que dar de baja sus contratos. Luego, hay un comedor para el señor comisionado con 80 comidas diarias; entonces traía a la familia”.

El proyecto del comisionado está enfocado en erradicar lujos y prebendas, así como un programa de seis ejes: la humanización de las cárceles, el combate a la corrupción, gobernabilidad con dignidad, gobernanza (que se refiere a la administración racional del gasto), libertad y reinserción social (que modifica el concepto de readaptación) y paz y reconciliación social (ligado al anuncio de amnistía hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que maneja la Secretaría de Gobernación).

Milenio