“Lo que resiste, apoya…”, es, quizá, la frase de don Jesús Reyes Heroles que más ha sido utilizada en discursos y declaraciones por gobernantes, políticos, líderes y opositores.

Es una forma de decir que los gobiernos, por fuertes que sean, requieren de una oposición, de preferencia domesticada, para legitimarse ante los ciudadanos y prolongarse en el poder.

Lo hizo el PRI por décadas.

El presidente López Obrador la incluyó ayer en su compendio de citas. La utilizó para dar la bienvenida a la nota principal de Reforma el día de ayer.

El texto daba cuenta de que Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, había omitido incluir un Penthouse en Houston —cuyo valor es de alrededor de 11.1 millones de pesos— en su declaración patrimonial.

Más allá de las explicaciones que nos dieron tanto doña Olga, como integrantes de la Función Pública, sobre las razones que impidieron que ese bien apareciera en su declaración patrimonial, a pesar de que, asegura, sí fue declarado, vale la pena detenerse a analizar lo que dijo AMLO en la mañanera de ayer.

Ayuda a entender su posición ante la crítica y la transparencia:

“Todo lo que resiste, apoya. Para eso sirve, hay que aceptarlo y respetarlo, la labor del conservadurismo y de la prensa fifí. No es improductiva, al contrario, ayuda mucho”.

Y más: “Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero nosotros tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo y de los que se callaron como momias durante el periodo neoliberal, durante el neoporfirismo.

“No le pidieron nunca la declaración de bienes patrimoniales a Salinas, no lo tocaban  ni con el pétalo de una rosa, pero, en fin… lo que corresponda a nosotros es aclarar todo. La transparencia es la regla de oro de la democracia”.

Su postura suena bien. Abre los espacios a la crítica hasta de la “prensa fifí”. Va mucho más adelante que los intolerantes chairos que responden con insultos, calificativos y ofensas a los que no comparten la visión de AMLO.

Ojalá que esas palabras se queden en la memoria de Google, no tener que rescatarlas para recordarle al Presidente que la crítica no sólo es para fastidiar, sino que le puede servir para corregir y avanzar.

Vaya lío en el que anda metido el gobernador frentista de Nayarit, Antonio Echevarría, con la firma Molrod, contratada por el Infonavit para su programa de rescate de viviendas abandonadas.

Representantes de ese despacho nos contactaron ayer para denunciar la “persecución” de que son objeto por parte del señalado mandatario estatal.

Juran que esa “persecución” tiene que ver con el hecho de que el Instituto prefirió contratar a Molrod “y no a su cuñado, que es notario”, para realizar la mencionada tarea de rescate.

La contratación de esa empresa la hizo el Infonavit en el marco del programa de rescate viviendas bautizado como DAVI (Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas o Invadidas) que se lanzó en los tiempos de Alejandro Murat como director.

El S.O.S lo lanzaron contra el gobernador personalmente Eritme Villegas, vocera de la firma, y el abogado David

Ricardo de la Cruz, representante legal de la misma.

Los dos juran que la persecución ha traído como consecuencia la “arbitraria detención” de cinco colaboradores de Molrod el pasado 24 enero, un día antes de la llegada de AMLO a Nayarit.

Se trata de cuatro notificadores de la empresa, y del abogado Saulo Javier Pardo Sánchez. “Querían impresionar al Presidente; convencerlo de que están en la lucha contra la corrupción”, aseguran.

La cosa es que todos, salvo el abogado Pardo Sánchez, fueron dejados en libertad a las 48 horas.

En ese lapso fueron “amenazados y torturados” por órdenes, dicen los representantes de Molrod, del fiscal del estado —y notario también— Petronilo Díaz Ponce.

Pero el abogado sigue en la cárcel. No le otorgaron

derecho a fianza, a pesar de que los delitos de los que se le acusa no son graves: fraude específico y tráfico de influencia.

A los colaboradores de Molrod se les acusa de cometer un supuesto megafraude de 60 mil viviendas de Infonavit —que cifraron primero en 600 mil, luego en 300 mil—, pero que en realidad “no existe”, según las fuentes citadas.

EL acoso va más lejos. Ya fue desaforado el magistrado expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Antonio Enríquez, quien no se ha subordinado a los designios de Antonio Echevarría, según Villegas.

“Es una venganza del gobernador en contra del magistrado Pedro Enríquez Soto, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado”, puntualiza

Sobre el supuesto “megafraude” en el Infonavit sólo hubo una denuncia por despojo de vivienda. La hizo Arturo Alonso, Martínez Segura, pero ya la retiró.

“Nunca fue despojado de su patrimonio. El gobernador Echevarría le vendió el tema al presidente López Obrador”, nos dijo la vocera.

Destaca que si se hubiese cometido un megafraude de 60 mil viviendas, los supuestos afectados ya estarían en la calle manifestándose o el Infonavit ya lo habría denunciado. Pero nadie ha levantado un dedo.