El parte de la guerra contra el huachicoleo señala: mil 700 carpetas de investigación iniciadas en dos semanas, tres altos funcionarios de Pemex cuyos casos por daños a la nación se judicializaron y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado. La contraparte en esta guerra son actos de sabotaje –que es una acción propia del terrorismo– y una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula, contra de un contingente de militares que perseguían a ladrones de combustible. La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y privó a tres de su libertad durante horas.
Esa zona es conocida por su actividad huachicolera, y no es la primera comunidad que se rebela ante los militares. El año pasado en Puebla, huachicoleros protegidos por los pobladores de municipios de la zona se enfrentaron con militares en varias ocasiones. También hubo enfrentamientos todo 2018 en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, lo que habla de la magnitud territorial del problema. López Obrador hizo un llamado a los pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil empatar la ética frente a la sobrevivencia.
Un caso que puede ilustrar este dilema es el de San Salvador Huixcolotla, que tiene un mercado nutrido en hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotla fue contaminado por la influencia de los municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo, donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero auspiciadas por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva Generación, es de dos millones de pesos diarios. Los huachicoleros aprovecharon la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberalización del precio de los combustibles en enero de 2017.
Una externalidad del gasolinazo fue la proliferación del huachicoleo por razones económicas. En diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los huachicoleros expandieron sus mercados y llegaron a Huixcolotla, que se convirtió en un centro de distribución de combustible robado, gracias a la estrategia de los ladrones de combustible. Al elevarse el precio del diésel, llegaron a las comunidades más alejadas con la oferta de mitad de precio y colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era irresistible en el contexto de su subsistencia, y el huachicol penetró fácilmente el tejido social.
El huachicol mermó a Pemex. En 2016, las pérdidas reconocidas eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018, dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate. Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacencia”. Esto se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperante inacción, pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:
“Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde (hacía) unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones (recordaron) que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.
“El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea (siguió) permeando en el gobierno federal y se (investigaba) en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares”.
El fenómeno de Huixcolotla mostró cómo, pese a todo, se extendió el huachicol. El entonces gobernador Rafael Moreno Valle pidió reiteradamente apoyo federal para combatirlo, pero el gobierno de Peña Nieto no se lo dio porque, según exfuncionarios, fortalecería su eventual candidatura presidencial. Esa mezquindad se extendió, al no darse jamás el apoyo. Poco antes de asumir la gubernatura, su esposa Martha Erika Alonso recibió un mensaje de los huachicoleros –Huixcolotla es vecina de Tecamachalco, el municipio donde nació– para que negociara con ellos impunidad. El mensaje fue rechazado. Los dos murieron en un accidente de helicóptero en diciembre, cuyas causas están siendo investigadas.
Pero la impunidad, en buena parte por la pasividad o complicidad del gobierno federal, disparó el robo de combustibles y le permitió a los huachicoleros armarse para enfrentar al Ejército y a quien se le ponga enfrente. La impunidad y el crimen es lo que quiere acabar López Obrador, que será el primer paso. El siguiente, restablecer el tejido social, será más difícil de lograr.
