Pocas veces en los últimos años le había visto el rostro tan tenso y la mirada iracunda a Andrés Manuel López Obrador como el martes cuando se refirió al empresario Germán Larrea.

Extendió el índice como navaja y cortó tres veces el aire caliente de la Plaza Cívica 18 de Marzo en Poza Rica, para decir a gritos: “que sepa Germán Larrea que a pesar de todo yo no lo odio. Que no odio a nadie”.

Y acto seguido lo conminó a “dejar de andar asustando a la gente”, por una carta que escribió a los trabajadores de Grupo México, que encabeza.

Lo llamó corrupto, traficante de influencias, benefactor del “remate” de Cananea, privilegiado del régimen, y que “no ande asustando a la gente” con textos sobre el riesgo del populismo.

Por lo visto no existe la capacidad de reacción general para preguntarle a AMLO quién es él para exigirle silencio a nadie.

Sólo una agrupación del sector privado salió a decir, de manera tímida, indirecta y a través de un tuit, que Larrea era un buen empresario.

No se trata de discutir si Larrea es buen empresario o no. El señor es mexicano y tiene todo el derecho a decir lo que piensa sin que nadie lo conmine a callarse.

Agacharse desde ahora ante las bravuconadas del poder (sin duda AMLO está a punto de alcanzarlo), es condenarse a vivir muchos años en silencio mientras él hace y deshace con la República en sus manos.

Por alto que esté su porcentaje en las encuestas presidenciales, López Obrador no tiene derecho a interferir en la libertad de expresión de nadie.

Y tampoco a inhibir a los empresarios con amagos de represalias porque ven el mundo de una manera diferente a la suya.

Dijo López Obrador, en su embestida contra Larrea, que la privatización de la mina de Cananea, “que estaba en manos de la nación”, fue muy barata para el empresario.

Miente el candidato presidencial. Las privatizaciones estuvieron bien hechas, fueron auditadas y existen libros blancos de todo el proceso de desincorporación.

A él no le gustan los empresarios que piensan distinto a él o no se le doblegan, y les saca en cara que ganaron concursos que él va a revisar pues se quedaron con empresas del Estado.

Los amenaza y los ofende. Y desde luego los va a perseguir cuando gobierne.

¿Qué va a hacer con Minera México? ¿La va a expropiar porque a su juicio se vendió muy barato?

Los bancos también fueron privatizados. ¿Va a volver a estatizar los que él diga que fueron vendidos a precios bajos?

¿Y las concesiones de radio y televisión, las va a recuperar “para la nación”?

¿Se las dará a sus aliados si los concesionarios no se alinean?

Ya dijo que las va a renovar, pero también expresó que iba a “democratizar” los medios. ¿Alguien se atreve a interpretar qué quiso decir con eso? Ahí cabe todo.

Usa el caso Larrea para asustar a los empresarios y conseguir su incondicionalidad, docilidad y miedo.

Así empieza la polarización populista que estigmatiza a los que opinan distinto y castiga sus bienes, como amaga AMLO con el caso de Minera México.

Como está en campaña dice y repite que no habrá expropiaciones en su gobierno. Y va a respetar su palabra: les puede poner otro nombre a las expropiaciones. Programa de recuperación de bienes de la nación, por ejemplo.

Ahí podría tener campo abierto para castigar a los que no se dobleguen a sus políticas estatistas.

No hay un solo populista en el mundo que acepte que haya opiniones discrepantes a la suya, sin convertir a esa disidencia en un enemigo y no en un interlocutor.

El caso Larrea ejemplifica lo que sería el gobierno de López Obrador. Exigirá silencio a las opiniones discordantes y recurrirá al insulto, a la estigmatización, a la conversión del empresario o del periodista en enemigo del pueblo.

No le va a ser fácil si gana. Tendrá que callar a medio México. Salvo que los empresarios se dobleguen desde ahora.