El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Alejandro Domínguez presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y establecer la prisión vitalicia para funcionarios corruptos.
El legislador propuso que a quien cometa el delito de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito se le impongan de 10 a 12 años de prisión, de mil a mil 500 días de multa y la destitución e inhabilitación de 5 a 15 años para desempeñar algún cargo público, siempre y cuando el monto del daño no exceda el monto de 5 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Para 2018, el valor de la UMA está establecido en 80.60 pesos por unidad. Un total de 5 mil UMA equivale a un monto de 403 mil pesos.
Sin embargo, si el daño es 10 mil veces mayor al valor diario de la UMA al momento de cometerse el delito —806 mil pesos en 2018-, la pena de prisión puede ser vitalicia y la multa será de 2 mil a 5 mil días.
“La prisión vitalicia debe ser un inhibidor de conductas antijurídicas de las denominadas delitos por hechos de corrupción, debe ser no solo una pena, sino una muestra de orden y respeto por la sociedad y las instituciones públicas, debe ser un parteaguas en la solidificación de un orden social y gubernamental que proyecte a nuestro país como esa potencia económica y social que debe ser.
“Debemos ver pues a la prisión vitalicia a servidores públicos corruptos, no como una puerta que se cierra; se cerrará, sí, a la corrupción, al dispendio, a la irresponsabilidad, para abrirse al desarrollo, a la transparencia, al ejercicio responsable de la administración pública y respeto a la ciudadanía”, expone el legislador en su iniciativa.
Domínguez reconoce que la propuesta puede despertar argumentos en contra, afirmando que se trata de una pena “inhumana”, “inusitada”, “excesiva”, “trascendental” o “vengativa”; pero desde su punto de vista, también hay puntos a favor.
“(No) debe considerarse inhumana ya que no infringe castigos corporales a los sentenciados, sino que debe compurgarse en centros penitenciarios tal y como cumplen su pena otros sentenciados; tampoco es excesiva porque es acorde al daño causado a la sociedad; y no es trascendental porque no ocasiona daños a la familia del sentenciado.
“Respecto a que es venganza social al hacer a un lado la reinserción, debe entenderse también que la ‘última ratio’ o ultima razón o último argumento lo tiene el legislador al recurrir al derecho penal y establecer las penas cuando se vulnera la seguridad y armonía social”, sostiene el diputado.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, habría causado un daño a la hacienda pública de Chihuahua por 6 mil millones de pesos, según datos ofrecidos por el actual mandatario, Javier Corral.