El equipo de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, parece haber resuelto, al menos en principio, una pugna sobre quién controlará los servicios de inteligencia distribuidos en las diversas áreas del gobierno federal. Aquel que disponga de ellos no sólo tendrá mayores herramientas para cumplir con eficacia su tarea; también acumulará el poder político que siempre emana del uso de información sensible.
Fuentes cercanas a esta definición aseguraron que López Obrador se inclinó por crear una Agencia Central del Inteligencia (ACI) que reúna la infraestructura actualmente dispersa en diferentes agencias oficiales, con excepción de ámbitos como los de la Secretaría de Hacienda, que utiliza a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar movimientos sospechosos de efectivo y otros recursos.
Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ambos sectores están sujetos a una regulación internacional que protege el secreto bancario salvo casos excepcionales previstos en las mismas normas, que incluyen restricciones de acceso a funcionarios policiales por el riesgo de contaminación proveniente de agrupaciones criminales.
Pero la ACI tendrá un enorme poder si como está previsto, reunirá las áreas de inteligencia de lo que hoy es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), encuadrado hasta ahora en la Secretaría de Gobernación, y las entidades correspondientes de la Procuraduría General de la República, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, y la actual Comisión Nacional de Seguridad.
La ACI como ahora el Cisen, recolectaría inteligencia nacional táctica y ofrecería una análisis estratégico inicial que podrá ser consultado por diversos “usuarios”, es decir las dependencias que requieren este insumo para acciones operativas de diverso género. Estos “usuarios” dispondrían de “claves” de acceso con atributos diferentes, que limitarían el tipo de información que puedan recoger del sistema.
La ACI estaría integrada en la próximamente renacida Secretaría de Seguridad Pública, a cuyo frente está perfilado Alfonso Durazo. El político sonorense, que el pasado día 11 cumplió 64 años de edad, es ingeniero por la UNAM y abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Entre 1992 y 1994 fue secretario privado de su paisano Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priísta asesinado en marzo de ese último año. En el 2000 renunció al PRI para apoyar a Vicente Fox, quien lo sumó a su equipo como secretario particular y, a partir de 2003, también como vocero. En 2004 renunció a ambas posiciones mediante una amplia carta.
En 2006 Durazo Montaño se pronunció en favor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, lo que reiteró en la campaña de 2012. En 2015 fue designado presidente de Morena en Sonora.
En las semanas previas a esta definición los equipos que se han empezado a integrar en torno a Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y del citado Durazo, mostraron una civilizada pero tensa relación, no solo por el eventual destino del Cisen, sino por la aparente pretensión del sonorense de aglutinar también en su próxima secretaría y bajo su mando, a todas las policías federales.
Esta expectativa ha hecho levantar las cejas de expertos en este campo, preocupados no solamente por el diseño del próximo gobierno que, de acuerdo con información disponible, López Obrador buscará promover a partir de septiembre próximo en el Congreso de la Unión, a través de las bancadas de Morena. Ello, con la intención de que las nuevas estructuras entren en funcionamiento en diciembre, cuando se haga cargo de la Presidencia de la República.
El motivo de inquietud central de expertos consultados es si el propio equipo de transición del gobierno electo cuenta con el diagnóstico suficientemente exhaustivo para dotar de sentido y viabilidad al modelo que imagina.
De acuerdo con estas fuentes, la configuración de las instituciones ligadas a los temas de justicia ha estado sometida, durante la administración Peña Nieto, a la visión, estrategia y en algunos casos, el capricho de un grupo compacto de funcionarios públicos con el poder suficiente de dejar instalada para el próximo gobierno una bomba de tiempo, o con los amarres necesarios para seguir operado sus intereses desde afuera.
Este grupo de poderosos caballeros es conocido en el argot político y judicial como Los Betos, y es encabezado por Humberto Beto Castillejos. Él se desempeñó como consejero jurídico en la casa presidencial, desde donde trazó una telaraña de designaciones en el gobierno federal, en administraciones estatales, tribunales y órganos autónomos.
También forma parte de esta exclusiva cofradía Alberto Beto Bazbaz, ex procurador de Justicia en el Estado de México, ex responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y actual director del Cisen. El último, el más novato del grupo es Alberto Beto Elías Beltrán, hoy procurador general de la República encargado.
