Dos años después de su archivo provisional, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado reabrir la causa que la Justicia española abrió contra Humberto Moreira, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de Los Zetas. La llama que ha encendido la reapertura de la investigación es el testimonio de dos testigos en San Antonio (EE. UU.) que implican a Moreira en un supuesto blanqueo con sus empresas, según señalan fuentes judiciales.
Pedraz ha dictado este miércoles un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria a San Antonio para interrogar a las dos personas que acusan al expresidente del PRI, y otra petición de auxilio judicial a México para que se investiguen las sociedades del político mexicano y examine la documentación que presentó al juez en España sobre el origen de sus ingresos.
La decisión del magistrado que sobreseyó provisionalmente el caso en 2016 tiene lugar después de que la Fiscalía Anticorrupción española aportara al juez los nuevos indicios que se desprenden de la declaración de los dos testigos en el marco de una investigación sobre blanqueo y narcotráfico que se sigue en EE. UU. Fuentes judiciales señalan que en función de las pruebas que se aporten en las dos comisiones rogatorias se continuará o no con la investigación.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa presentaron una querella criminal contra el exgobernador de Cohauila por su presunta relación con Los Zetas, el sanguinario cartel de la droga mexicano. La iniciativa partió después de que recibieran información del Departamento de Aduanas de EE. UU. que implicaba al expresidente del PRI, que, según su propia versión, se trasladó a vivir a España después de que este grupo de narcotraficantes asesinara a su hijo. Los dos fiscales viajaron a San Antonio (Texas) donde se entrevistaron con varios testigos protegidos de la Fiscalía estadounidense que apuntaron a Moreira.
Tras la detención de Moreira en Madrid, el 15 de enero de 2016, el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a su disposición toda la maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel, según una investigación de EL PAÍS.
La gestión a mayor nivel la protagonizó Arely Gómez González, la entonces Procuradora General de la República y exsenadora del PRI. Telefoneó a su homóloga española Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, para interesarse por el caso y conocer la opinión de los fiscales españoles. Esta declinó facilitarle ninguna información. La embajada llegó a enviar al chófer de la legación diplomática con un vehículo oficial a recoger a los abogados mexicanos de Moreira al aeropuerto de Adolfo Suárez- Barajas.
El juez Pedraz archivó provisionalmente el caso tras regresar de Texas donde había escuchado el testimonio de un testigo protegido. Concluyó que las acusaciones contra el exgobernador sobre su supuesta relación con Los Zetas y el presunto blanqueo de capitales, no eran suficientemente concretas. Los fiscales recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechazó el recurso y afirmó que “no hay indicio alguno con la relevancia suficiente”. Ahora, los fiscales acaban de poner sobre la mesa este testimonio inesperado que ha logrado reabrir el caso.
Moreira se había establecido en Barcelona donde vivía junto a su mujer y dos hijas. Se había matriculado en un máster en la Universidad Autónoma y residía en un chalé de lujo por el que pagaba 3.000 euros al mes. Tras su detención y posterior puesta en libertad regresó a México acompañado de su familia.
El País
