Son horas cruciales en los pasillos de la Suprema Corte. Mañana miércoles el máximo tribunal decidirá si el Estado mexicano tiene que pagarle alrededor de 10,500 millones de pesos a Telefónica como indemnización por su reclamo contra la Red Compartida. Un golpe frontal para la economía del gobierno que entra a cargo de Andrés Manuel López Orador. El tema se discute en la Sala Primera y el proyecto a debatir le da la razón a la multinacional española.
Sirve para entender lo que viene: cuáles fueron los ámbitos en los que el tema se conversó en las últimas horas. La cuestión sobrevoló la reunión de despedida de Enrique Peña Nieto con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios. Fue ayer lunes en Los Pinos cuando el presidente les recordó que durante su gestión hubo certidumbre jurídica y que por primera vez el Estado mexicano aceptó denuncias de empresas en su contra e incluso pagó las sentencias en su contra. En sexenios anteriores era muy difícil que la justicia fallara contra las arcas estatales. Peña Nieto señaló, como al pasar, el reclamo de Telefónica que ahora está en la Corte.
Un comentario, como suele suceder con las palabras del Presidente, que requiere otra lectura. Tal vez la principal: la Corte va a ser la última frontera ante las ambiciones de la administración que viene. Idea que Peña Nieto ha tomado de Eduardo Medina Mora, quien la semana pasada lo blindó ante la posible persecusion de Javier Corral.
El otro espacio fue la reunión que lideró ayer el titular de la Corte Carlos María Aguilar Morales, en la cuál se habló de la austeridad en el Poder Judicial. En algunos encuentros más reservados que se dieron tras la reunión general se mencionó que la Corte iba a a comenzar a presionar al nuevo Gobierno con sentencias de costos multimillonarios.
En 2016, la operadora española se inconformó ante lo que consideraba “pagos excesivos” y “trato discriminatorio” por el uso del espectro radioeléctrico, debido a que tanto el Congreso, como la SCT y la SHCP redujeron las cuotas a favor de la Red Compartida, pero mantuvieron sin cambios el monto establecido en la Ley Federal de Derechos para el resto de las empresas de telecomunicaciones. Ahora Telefónica, cuyos números en México, no son favorables, quiere una compensación.
El caso es que el peligro ya se conoce el headquarter de Morena y de ahí que Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer han comenzado en paralelo al ministro Zaldivar para que, de plano, el tema supere la instancia de la Sala Primera y se vaya al pleno de la Corte, lo cual al menos daría más tiempo y ayudaría en la cuestión de la negociación del presupuesto.
Los últimos reportes de la Corte que llegan hasta la Roma Norte dicen que hay tres ministros inclinados a fallar en favor de Telefónica: Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Norma Lucía Piña y Jorge Pardo Rebolledo. Si estos imponen su postura el tema se habrá agotado en la Sala y sera un caro revés para los números de Morena. Por fuera quedan Arturo Zaldivar y José Ramón Cossío.
Los votos de Gutiérrez Mena y de Pardo serían inamovibles. El segundo es uno de los más molestos en la Corte con las ideas del nuevo Gobierno y era quien, de ganar el PRI o el PAN las elecciones, sonaba para la futura conducción. Queda el enigma de Piña. Fue nombrada en la Corte por un acuerdo entre Peña Nieto y Felipe Calcerón y siempre se ha referenciado en ese circuito de poder. ¿Será la de mañana miércoles otra ocasión de Peña de tener un gesto para con el presidente electo?
