Las declaraciones de Javier Corral dejan claro que el caso Chihuahua está politizado hasta el tuétano y que el ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, es un rehén político del gobernador.
Nunca habíamos asistido a una confesión tan flagrante de utilización coercitiva de la justicia como en la exposición del gobernador Corral para negar el traslado del preso Alejandro Gutiérrez a un penal federal.
La confesión de Corral es para dejar frío a cualquiera:
“Ante la falta de voluntad para avanzar en los acuerdos políticos, el día sábado 27 de enero se decidió no llevar a cabo el traslado (de Alejandro Gutiérrez), ante la falta de garantías de la Federación en el cumplimiento de los temas que con apego a la ley se había comprometido”.
Es decir, el reo Gutiérrez es sujeto de una negociación política y porque estas no fructificaron el gobernador dio la orden de que no se le cambie de prisión a una menos severa.
¿Cuáles fueron esos acuerdos entre el gobernador Corral y la Federación? A Gutiérrez se le iba a cambiar de cárcel si el gobierno federal cumplía dos condiciones impuestas por el mandatario de Chihuahua.
Una, que la PGR declinara investigar a la Fiscalía estatal sobre la denuncia de tortura a Alejandro Gutiérrez, y que esa investigación la hiciera la parte acusada: la Fiscalía.
Dos, que la FEPADE desistiera de ejercer la facultad de atracción sobre la presunta triangulación de recursos de Chihuahua a las campañas del PRI.
Es decir, el acuerdo “con apego a la ley” que dice Corral tenía como primer punto que no se investigue la denuncia de tortura al preso. Que la investiguen los presuntos torturadores.
¿Cómo que no se debe investigar un caso de tortura practicada para incriminar a otras personas?
Eso no puede estar sujeto a negociación política.
¿Dónde están los defensores de derechos humanos que acompañaron a Corral en su denuncia contra el gobierno por retenerle recursos que ya les había prometido?
Estamos en presencia de un chapoteadero judicial con finalidades políticas.
Y lo dicen sin pudor alguno: no lo cambiamos de cárcel porque no nos cumplieron en retirar la investigación por tortura y dejar el caso en manos de la Fiscalía de Chihuahua, es decir, en las de los acusados de torturar.
Hasta ahora no ha habido movilización alguna por este caso de chantaje descarnado para evitar una investigación por tortura a un preso por razones políticas.
¿Será que a los defensores de los derechos humanos no les importa cuando el presunto torturado es del PRI?
¿Será que Corral, por ser un panista cercano al PRD y Morena, tiene licencia para negociar la justicia?
¿De eso están hechos los defensores de los derechos humanos? ¿De politiquería y de intereses?
Hay una persona presa que denuncia tortura, amenazas de muerte de parte de otros reos para “ablandarlo” y que diga lo que el gobernador Corral quiere que diga, en beneficio de su partido.
Ese preso está en la cárcel sin que exista ninguna prueba de por medio, más que el dicho de un testigo al que le dijeron que Alejandro Gutiérrez era el “cerebro” de una operación para desviar dinero hacia el PRI.
Si cometió delito, que se lo prueben y sea castigado, pero hasta ahora no hay pruebas para tenerlo preso. Y lo sometieron a prisión preventiva por un año.
Desde la cárcel, el reo denuncia tortura para hacerlo declarar hechos inexistentes.
El gobierno estatal negocia cambiarlo de cárcel a cambio de que la PGR ya no investigue la tortura.
Se trata de un escándalo en materia de derechos humanos que revela la politización absoluta de un caso judicial.
Inaceptable en este siglo. Y en el pasado también.