La gobernadora Claudia Pavlovich debiera recibir un total apoyo de sus colaboradores diseminados en todas las dependencias, sobre todo en este mes de octubre en que se promociona su Segundo Informe de Trabajo. Pero en algunas áreas hacen todo lo contrario y en aras de colmar sus ambiciones juegan en la delgada línea que marca la frontera entre la ilegalidad y legalidad.

Claro, nos referimos a las irregularidades que se reportan en la Secretaría de Educación y Cultura, donde habrían elaborado un proyecto electoral que al parecer fue financiado, ignoramos si bajo la figura de otro programa, del que en este espacio dimos cuentas en días pasados.

El punto es que se desató un pleito entre los subsecretarios Víctor Guerrero y Onésimo Mariscales, así como el administrativo Francisco Curiel.

Todo porque a ese programa, que promocionaron y vendieron sin notificar de ello al secretario, Ernesto de Lucas, ya habría recibido un buen monto de recursos que Víctor Guerrero y el titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, Ulises Reyes Aguayo, no quieren soltar.

O sea que no quieren compartir los recursos con sus socios, Mariscales y Curiel.

Dicen que la cantidad disputada son casi 50 millones de pesos que, se suponía, formarían parte del fondo para la campaña del Pato, el secretario al que jugaron chueco y ni siquiera lo enteraron de este programa que consiste en aprovechar la infraestructura educativa de todos los sistemas y subsistemas (a excepción de la UNISON y el ITH) para hacer encuestas por internet a un buen número de alumnos de todo el estado. Esta información se cruzaría con los datos de un padrón de beneficiados de los programas gubernamentales en materia de educación.

Total, que los recursos en disputa se hicieron de humo, se evaporaron como por arte de magia.

En el Comité Directivo Estatal del PRI nada saben de este dinero.

Entonces, ¿dónde quedaron esos 50 millones de pesos?

Aparte aquí hay detalles legales que deben cuidarse muy bien, como el de utilizar a estudiantes para encuestar casa por casa, sin paga alguna. Se supone que toda encuesta electoral está penada por ley.

Por eso los principales inquilinos del Palacio de Gobierno deberían abrir una investigación a fondo para protegerse de estos funcionarios que al parecer  buscan dinero fácil  y apoderarse de la SEC una vez que se vaya su actual titular, lo cual, suponen, sería pronto.

En esta investigación podría confirmarse la veracidad de una versión: Que los involucrados utilizan a empleados de bajo perfil para abrir cuentas bancarias a sus nombres. Por ejemplo, en Bienes y Concesiones estaría un compadre de Ulises Reyes que ya es nuevo rico, porque le habrían depositado varios millones a su nombre.

La especie debe ser investigada.

Porque los funcionarios estarían jugando con fuego.

Y varios podrían resultar quemados.