El candidato no priista del PRI, José Antonio Meade, decidió por fin abordar de frente los dos temas cruciales de esta campaña presidencial: corrupción e impunidad.
Y aprovechó el aniversario 89 del PRI para dejar claro en su discurso que el combate a la corrupción y a la impunidad serán dos ejes de su campaña que arranca el 30 de marzo.
Nada mejor para un candidato que fue electo precisamente porque su imagen pública es la de un funcionario honesto, que no se ha servido de ninguna de las posiciones de responsabilidad que se le han asignado.
Meade dijo: “Hay en México legítimas expresiones de enojo y decepción, hay en México un fundado reclamo, malestar e indignación por la inseguridad y la violencia, por la impunidad y la corrupción”.
Y para apuntalar su dicho, el candidato priista agregó: “Hay en México millones de servidores públicos honestos, de todos los partidos, priistas y ciudadanos. Ellos y yo, como nadie, repudian la corrupción y exigen que se castigue a quienes han violado la ley, sean del partido que sean”.
Meade marcó distancia de los corruptos exigiendo castigo a los que incumplen la ley. “Pintamos nuestra raya con los que se han aprovechado para llenar sus bolsillos a costa del esfuerzo de los demás”.
Pero todavía no se enfriaban los micrófonos cuando el celebrado discurso del candidato priista fue sometido a la prueba de fuego. Y no la pasó. O mejor dicho, no la dejaron pasar.
En la sesión del martes en la Cámara de Diputados, el bloque de los legisladores priistas se opuso a debatir sobre los sobornos repartidos en México por Odebrecht.
El de la constructora brasileña es hoy el caso más emblemático de corrupción, considerando que su ola expansiva golpeó los gobiernos de 12 países, la mayoría de ellos Latinoamericanos.
De todos esos países, solo México no termina hoy sus investigaciones, ni presenta ante la justicia a los responsables de recibir los 10.5 millones de dólares que los directivos de Odebrecht dicen que entregaron a altos funcionarios de Pemex, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto.
El punto de acuerdo para debatir el caso fue presentado por Rocío Nahle, diputada de Morena, y secundada por los legisladores del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
La propuesta era revisar las sanciones a servidores públicos aplicadas por el cuestionado contrato otorgado a Braskem, filial de Odebrecht, en el proyecto de Etileno 21.
La irresponsable ausencia de la mitad de los 50 diputados de Morena fue lo que impidió que se alcanzara la mayoría para aprobar el debate.
Y los priistas, opuestos todos a confrontar el caso de corrupción con el desenlace más esperado del sexenio, acabaron por imponerse y rechazar el debate. Lo frenaron con 182 votos a favor contra 160 de los opositores.
Lo que se dibuja aquí es que en solo unos días, las palabras del candidato Meade se toparon con pared dentro del partido que lo postula.
¿Cómo convencer a un electorado díscolo, incrédulo de que el PRI-Gobierno quiere cambiar, cuando son los mismos legisladores tricolores lo que se encargan de decirle a su candidato, al que acaban de hacer suyo, que no apoyan su discurso?
Alguien en el cuartel de guerra de la campaña del PRI debe de repensar a fondo la estrategia. El candidato con su círculo cercano van por un rumbo mientras que su partido parece ir en sentido contrario.
Por eso decimos, “No me ayudes com-PRIadre”.